Financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, y desarrollado entre diciembre de 2014 y marzo de 2016, estudio entrega insumos para perfeccionar la actual ley y en el horizonte de la política forestal.
Un completo análisis del desempeño de la Ley de Bosque Nativo, sus reparos y eventuales modificaciones tendientes a establecer nuevos incentivos, llevó a cabo el Instituto Forestal (INFOR), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, iniciativa implementada conjuntamente con el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile (UACh), y que fue presentada hace pocos días en Valdivia.
El estudio se realizó en el marco del proyecto “Propietarios y administradores de bosque nativo: ¿cómo incide su contexto sociocultural y económico en la implementación de la Ley 20.283” y busca contribuir a adecuar esta normativa de mejor forma a la realidad del país.
“Este estudio entrega grandes insumos, no sólo para perfeccionar la actual Ley de Bosque Nativo, sino que también para el trabajo que está llevando adelante la política forestal, instancia que está diseñando el desarrollo del sector de aquí al año 2035”, señaló el director ejecutivo del INFOR, Fernando Rosselot.
Agregó que el tema es muy importante “ya que cuando uno va a terreno y conversa con los propietarios, se da cuenta que no está funcionando de la mejor manera”, señaló Rosselot.
Factores críticos
La iniciativa, financiada por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, fue desarrollada entre diciembre de 2014 y marzo de 2106, y contó con un presupuesto de $30 millones. El director del proyecto, e investigador del INFOR, René Reyes, indicó que hay una serie de factores que están incidiendo en las posibilidades de implementar con éxito la Ley de Bosque Nativo.
“No tienen que ver necesariamente con su diseño, sino que con otros aspectos: mercados, disponibilidad de mano de obra, valor agregado de la producción, entre otros”, explicó.
Asimismo, destacó que el proyecto generó una clasificación de propietarios y usuarios de explotaciones rurales, en base a la relación que tienen con sus bosques. En este sentido, detalló que existen propietarios que utilizan el bosque como cuenta corriente, es decir, que le dan un uso permanente, y otros que lo usan como cuenta de ahorro quienes acceden al bosque sólo cuando lo necesitan, con un aprovechamiento no permanente, donde el plan de manejo y los incentivos contenidos en la ley son de difícil implementación.
“En base a esta clasificación, nosotros identificamos factores socioeconómicos que hacen que estos propietarios puedan hacer un uso más adecuado de los incentivos que entrega la Ley de Bosque Nativo”, concluyó Reyes.
Un estudio necesario
Por su parte, el jefe provincial de CONAF Los Ríos, Vicente Rodríguez, señaló que la investigación desarrollada por INFOR, entrega algunas luces de cómo ir mejorando la aplicación práctica de este instrumento. “Esta investigación propone algunos ajustes de carácter más normativo y de largo plazo, pero también hay recomendaciones que hoy recogemos respecto a la asesoría que hace CONAF a través de sus equipos de extensión, respecto a cómo mejorar algunos procedimientos para las asignación de las bonificaciones”, indicó.
En tanto Herbert Siebert, vicepresidente de Aprobosque A.G., valoró la investigación y sus resultados, ya que comparte la visión que es necesario mejorar y perfeccionar la Ley de Bosque Nativo.
“Ojalá que las posibles modificaciones consideren incentivos para recuperar el mercado de la madera nativa. No podemos pensar que todos nuestros bosques deben ser destinados a la protección, recreación o pastoreo, sino que debemos pensar en recuperar los bosques para generar valor y crear especies nativas valiosas”, expresó el dirigente de Aprobosque.
Finalmente, para agosto de este año, se anunció la publicación de un libro con los principales resultados de la investigación.
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