“En materia de derechos humanos nadie debe confundirse. Aquí el tema de fondo no es la edad, sino la justicia. No podemos terminar con políticas en materia de justicia, que vayan por caminos distintos a las políticas de derechos humanos, que surgen de diversos instrumentos internacionales que Chile ha hecho suyos”, remarcó el senador y jefe de bancada de senadores PS, Alfonso De Urresti. 

Aunque consideró absolutamente legítimo que el Ejecutivo, los distintos sectores políticos y otros actores sociales puedan expresar su opinión acerca de la demanda de los ex uniformados condenados y recluidos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, el senador Alfonso De Urresti, jefe de bancada de los senadores del PS, sostuvo que “lo que no puede ocurrir es que se pueda terminar imponiendo un punto de vista particular, distinto de lo que establecen nuestras leyes y los diversos instrumentos internacionales que Chile ha suscrito”. 

De Urresti señaló que “uno puede entender el sentimiento de los familiares de quienes mueren cumpliendo condena por grave violación a los derechos humanos, pero no se puede alegar abandono ni maltrato cuando no solo se vive en un recinto construido especialmente para ellos, lo que ya es un privilegio, sino que además cuenta con un equipamiento que como ha señalado recientemente el INDH es sustancialmente mejor a la de otros recintos penales, especialmente en el ámbito de la atención médica”. 

El legislador socialista enfatizó que “lamentablemente, que muchos de estos ex uniformados terminen sus días en la cárcel es también una consecuencia inevitable de quienes han optado por utilizar como estrategia judicial la dilación, tratando de ganar tiempo apostando a no cumplir condenas. A ello debe agregarse que muchos, pese a los fallos contundentes de la justicia, siguen autocalificándose como presos políticos, y hasta ahora no se les ha escuchado una sola frase de arrepentimiento, ni una palabra de perdón de su parte”.   

“Ciertamente -añadió el parlamentario- uno comparte el principio de que la gente de edad muy avanzada o con enfermedades terminales no debiera morir en una cárcel. Sin embargo, eso no puede ser a tabla rasa, sin aplicar criterios de ningún tipo. Porque, como ha ocurrido con los criminales de Punta Peuco que hoy apelan a razones “humanitarias”, ninguno ha dicho una palabra para romper el pacto de silencio que ha impedido tener antecedentes que permitan encontrar a los 1248 chilenos que siguen detenidos y desaparecidos”.