Jürgensen celebró que al 9 de diciembre de 2018, “los casos policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) muestran una baja de 4%, lo que se traduce en 817 personas menos víctimas de un delito en la Región, en comparación con igual período del año anterior”.
El intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, destacó la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto que legaliza el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), sistema que actualmente está en operaciones mediante reuniones mensuales en todas las prefecturas y comisarías del país, con el objetivo de optimizar la gestión táctica policial orientada a la prevención de delitos.
El jefe regional resaltó que “a 8 meses del comienzo del STOP se ha observado una tendencia a disminuir el alza con que venían los delitos y también se ha roto la tendencia a la baja que venían los detenidos”.
En términos regionales, Jürgensen celebró que al 9 de diciembre de 2018, “los casos policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) muestran una baja de 4%, lo que se traduce en 817 personas menos víctimas de un delito en la región, en comparación con igual período del año anterior”.
Asimismo, los detenidos en la región por delitos violentos “han aumentado en un 3% respecto a igual período que el año anterior, lo que significa 53 detenidos más”, explicó.
En la Región de Los Lagos se han realizado 25 sesiones STOP. El pilotaje del modelo de gestión por resultados, que la Ley STOP institucionalizará una vez aprobada, muestra que entre julio y octubre de 2018 los Comisarios de la Región adquirieron 79 compromisos de generar estrategias y tareas de trabajo. En particular, el 47% de los compromisos se focalizaron en atacar delitos violentos y el 53% delitos contra la propiedad.
Finalmente, el intendente regional explicó que el proyecto del presidente Sebastián Piñera que institucionaliza el STOP es fundamentar convertirlo en ley “pues de esta forma no dependerá de la buena voluntad de las instituciones, sino que las autoridades deberán asistir y los compromisos que se adquieran podrán ser fiscalizados por la sociedad civil”.
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