A las 16:30 h de este jueves 17 de enero de 2019, en dependencias de la Fiscalía Nacional, ubicadas en calle Catedral N° 1437, Santiago, el diputado por el distrito 20, Leónidas Romero, junto al presidente de la FENATRAPECH Nolberto Díaz y dirigentes de los sindicatos de trabajadores de ENAP, se reunirán con JORGE ABBOTT Fiscal Nacional, a fin de solicitar que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, de Santiago, que lleva adelante la investigación por las irregularidades en la ENAP, amplié su investigación e incluya investigar los negocios realizados por ENAP en Argentina, en la ejecución del proyecto PIAM y los otros negocios que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados CEI-11, no considero como irregularidades en su polémico informe que exonero a ENAP de todas las irregularidades en las inversiones y acciones realizadas entre los años 2014 y 2018, que tienen a Enap con un endeudamiento de más de 5 100 millones de dólares generados en la pasada administración de Marcelo Tokman y en la actual liderada por Loreto Silva como presidenta y Andrés Roccatagliata como gerente general, y que tienen a la empresa estatal prácticamente en quiebra.
La Comisión, nada quiso investigar respecto de los negocios realizados por Enap en Argentina, conocidos como el Proyecto PIAM, el que estaba a cargo de la empresa Techint, en donde según lo denunciaron los dirigentes sindicales existiría un posible conflicto de intereses, en relación a la actual presidenta del directorio de Enap señora Loreto Silva, quien como abogada, trabajó para la Cámara Chilena de la Construcción, para los estudios Morales y Besa y para Boffil Escobar, siendo este último estudio jurídico el que tiene una relación directa con Techin.
Este proyecto PIAM, (Proyecto Incremental Área Magallanes), lo comenzó a desarrollar ENAP en Argentina, el año 2016, por lo tanto está dentro del periodo investigado por la Comisión. El monto supera los US$ 300 millones en una iniciativa que pretendía explorar gas y petróleo en el sur de la nación transandina, es un proyecto conjunto ENAP-YPF. Éste permitiría aumentar la producción de gas natural desde los 2,4 millones de metros cúbicos por día (m3/día) a cerca de cuatro millones de m3/día. Para ello, la petrolera chilena compró la empresa argentina ArPetrol por US$ 9 millones, dando así un paso fundamental para la materialización de este proyecto.
La empresa Techint fue denunciada en el año 2017 por primera vez en la Argentina por el presunto pago de coimas a funcionarios brasileños y ligada al escándalo de Odebrecht. Los sobornos que se les sindican por una obra en Brasil alcanzaron unos US$ 10 millones. Equivalen al 1 % de los contratos de dos licitaciones, que alcanzaron los US$ 1.000 millones. Las coimas se habrían destinado al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), espacio político del ex presidente Michel Temer, y a funcionarios de la empresa estatal que entregó la licitación, según consigna el reportaje efectuado por el medio periodístico electrónico www.perfil.com, reportaje que puede obtenerse en el siguiente links: https://www.perfil.com/noticias/politica/denuncian-a-techint-en-argentina-por-el-presunto-pago-de-coimas-en-brasil.phtml .
Lo anterior hace sentido a lo denunciado por los dirigentes sindicales ante la Comisión, en cuanto a que Enap podría haber financiado campañas políticas en Chile, mediante simulación de contratos, auditorias inexistentes u otro mecanismo que se hace necesario investigar.
La Comisión tampoco quiso investigar las asesorías legales externas contratadas por ENAP, estas alcanzan a los casi 22 millones de dólares, muchas de ellas sin justificación alguna, no puede pasar desapercibido el hecho que en información entregada por la propia ENAP respecto de la contratación de asesorías legales 2014-2017, aparece en el listado el Señor Osvaldo Urrutia Silva, hijo del diputado Osvaldo Urrutia y de la secretaria de esta Comisión Investigadora María Eugenia Silva, profesional que prestó servicios a ENAP por un monto total de casi $US 82 000 dólares. Creemos que tanto la Secretaria de la Comisión como el diputado Osvaldo Urrutia, quien participio en esta comisión, interviniendo por lo tanto en la investigación, deberían haber puesto en conocimiento de la Comisión la existencia de este vínculo contractual entre ENAP y su hijo, y haberse inhabilitados para conocer de estos asuntos, y esa sola irregularidad ameritaba profundizar en la investigación respecto de todas las asesorías legales, las que necesariamente deben influir en los resultados económicos de la empresa ya que muchas de ellas son sobre materias económicas específicas, sin embargo la comisión investigadora estimo irrelevante esta situación y declino investigar sobre ellas.
“Yo no sé qué se oculta y a quién se protege; no podemos avalar la señal de impunidad y de protección a la corrupción, ya que lo que ha ocurrido con esta comisión es una escandalosa burla para todos los chilenos y la Fiscalía tiene la obligación de investigar estos hechos que podrían ser delitos en contra del Estado de Chile”, sostuvo categórico Romero Sáez
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