Por Felipe Ward, ministro de Bienes Nacionales

Uno de los grandes desafíos que asumimos en marzo del año pasado fue concluir el proceso de creación de la Red de Parques de la Patagonia, que se inició a partir de la donación conjunta de la Fundación Tompkins (la donación de privados más grande de la historia con fines de conservación) y del gobierno de Chile.

Los parques nacionales son el jardín de todos los chilenos y por eso, con orgullo podemos decir que el proceso acaba de culminar, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del Parque Kawésqar, el más grande de los ocho incluidos en una Red que incluye 4,5 millones de hectáreas y que abarca las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esta semana nos reunimos con Kristine Tompkins en el Parque Pumalín, para dar el puntapié inicial a una red de protección y conservación clave para el futuro sustentable de nuestro país.

Si bien recibimos parte del camino avanzado por la administración anterior, en algunos casos fue mucho el tramo que hubo que recorrer, debido a que los límites creados generaban conflicto con las comunidades locales, entre otros problemas.

El Parque Nacional Kawésqar (Magallanes), de 2,8 millones de hectáreas, fue el que más tardó en ser revisado por parte de la Contraloría, debido a complejidades principalmente cartográficas, al ser cerca de 15.000 las islas involucradas. Mientras, el caso del Parque Patagonia (Aysén) en su decreto original incluyó terrenos fiscales donde hoy existen zonas de actividades ganaderas llamadas veranadas, y, además, un área donde se realizaban exploraciones para un proyecto minero priorizado por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía. La minería y la ganadería son actividades esenciales para la subsistencia de los habitantes de Chile Chico, por lo tanto, era clave lograr un acuerdo que les permitiera seguir desarrollándolas.

Con la creación de esta Red de Parques, el Estado –a través del Ministerio de Bienes Nacionales- no sólo entrega casi un millón de hectáreas de terreno fiscal para la conservación. También lo hace en conjunto con la comunidad, preocupándonos de que la conservación sea sustentable también desde el punto de vista de las fuentes de trabajo de los ciudadanos que habitan estas zonas y que dependen de las actividades económicas que desarrollan para su subsistencia.

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