Existe la posibilidad de que la Propuesta de Plataforma Social que presentaron Trabajadores Pesqueros de la Región del Biobío, al gobierno, sea parte del Proyecto de Ley Corta . Este Plan fue elaborado  para hacer frente a la cesantía en que quedarán trabajadores dependientes de la pesca industrial, como resultados de cambios legislativos aprobados y en debate. La idea apareció en el transcurso de la reunión que esta mañana sostuvieron, en Santiago, los trabajadores con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, para conocer la respuesta al Plan de Mitigación que entregó el sector laboral a la Mesa Interministerial para el tema,  que integran Economía y Trabajo.

Están participando  la Federación de Trabajadores de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera, Fesip; los Sindicatos Interempresa de Oficiales Motoristas MMN; de Oficiales Patrones de Pesca de Naves Especiales y Regionales MMN; de Trabajadores Tripulantes de Naves Sardineras de la Provincia de Concepción; de Tripulantes de Barcos Arrastreros y PescaPyme que representa a los trabajadores de medianas y pequeñas de servicio a la industria pesquera.

Los dirigentes informaron que el gobierno señaló que están trabajando en buscar mitigaciones al impacto que provocará el Proyecto de Ley Jibia y, en ese contexto, reconoce algunos puntos – presentados por otro sector laboral que participa en la mencionada Mesa Interministerial- relacionado con un subsidio de un sueldo mínimo por tres meses mientras se capacita a los que queden sin empleo; 300 UF en caso de indemnización y otros puntos tendientes a apoyarles.  Sin embargo, los trabajadores Embarcados enfatizaron que para las mitigaciones: “debe considerarse el daño que se le está produciendo a los respectivos sectores y sus actuales remuneraciones. No creemos que porque algunas personas perciban salarios más bajos deban recibir menores beneficios. No hay que confundir  el hecho que algunos reciban remuneraciones menores con el perjuicio que está causando el Estado, ni creemos que las personas deban conformarse con poco”.

La Plataforma Social pide, entre otros puntos pago total de las deudas hipotecarias que los trabajadores mantengan al momento de ser despedidos, punto respecto del cual el gobierno pidió que se le entregue una nómina de afectados, pero solo por la Ley Jibia. El mismo día de hoy los trabajadores comenzaron a abocarse a preparar el listado.

Todo ello, señalaron Embarcados, sin perder de vista las estrategias con las que seguirán gestionando el total de la Plataforma Social especialmente de cara a un Encuentro Nacional del Sector Pesquero ( Trabajadores de Flota y Planta) convocado por Embarcados del Biobío, que se realizará el 18 y 19 de este mes, en Santiago. Ya están confirmados los pesqueros de esta región y del norte, con la idea revisar la Plataforma Social, decidir o afinar formas de conseguir los objetivos y elaborar un reglamento de Protección Laboral ante eventuales futuras licitaciones.

RECUADRO

PLATAFORMA SOCIAL

Plataforma

En la Plataforma los trabajadores propusieron diferentes mitigaciones según situación del afectado y causa del desempleo. Consideran las organizaciones sindicales que la forma más eficiente y real de mitigar la situación de los trabajadores es la jubilación con intervención directa del Estado para aquellos que acumulen más de 10 años de labor y, que estas sean calculadas con las rentas percibidas en los últimos 12 meses efectivamente trabajados.

Subrayan que el Plan de Mitigación debe estar a la altura del daño causado no solamente en lo económico sino también en la vulneración de la dignidad de trabajadoras y trabajadores.

Destacan que los trabajadores del sector pesquero industrial se emplean de manera formal, con  contratos de trabajo y por tanto son cotizantes del sistema previsional y cuentan con contratos o convenios colectivos con sus empleadores. En el ítem pensiones diferencian a los trabajadores con más de 50 años de edad y los menores de eso, para plantear cálculos de montos diferenciados.

Proponen que a todos los trabajadores que sean cesados durante la vigencia de la ley se  otorgue indemnización por los años de vigencia de las cuotas de pesca de acuerdo a sus contratos colectivos o individuales. Financiar matrículas y aranceles para ellos y sus hijos en carreras técnica o universitarias por el tiempo que éstas duren.  Y el pago total de deudas hipotecarias que mantengan al momento de ser despedidos.

En relación a las licitaciones, que es una de las propuestas de la Ley Corta, indican que en el caso que las haya para  los recursos sobre los cuales habitualmente opera la industria pesquera, deberá crearse un Reglamento Social Laboral que proteja los intereses de los trabajadores, principalmente asegurando la continuidad de los empleos y los derechos establecidos en los contratos individuales de trabajo y convenios o contratos colectivos por el tiempo que los recursos sean licitados.

Respecto del caso específico de los trabajadores que operan sobre la jibia la petición es que para quienes laboran embarcados, personal de apoyo y tierra, trabajadores de plantas de proceso y todos los que sean afectados por la aplicación de la Ley Jibia, haya medidas de mitigación y se les cancele el desmedro en sus remuneraciones, conforme al promedio de los últimos dos años de renta.

Prevenir grave problema social

El Plan de Egreso que elaboraron los Trabajadores dependientes de la Industria Pesquera consigna que el escenario laboral para el sector  es completamente negativo, considerando anuncios de la autoridad administrativa y decisiones de congresistas que incorporan medidas sin aceptar siquiera el debate con los trabajadores. A los efectos de cesantía que prevén provocará la Ley Jibia se agrega la incertidumbre por la Ley Corta, en debate, y consideran que la Plataforma es necesaria y urgente para prevenir los impactos de la cuarta intervención en la Ley de Pesca en los últimos 18 años.

Recordaron que cada vez que ha habido cambios en la ley se ha reducido la dotación de trabajadores pescadores industriales y operarios de plantas y que, además, el fraccionamiento de las cuotas se ha ido reduciendo para el sector y, obviamente, también se ha reducido la mano de obra.

“Dejamos claramente establecido que, con o sin crisis pesqueras, con bajas en las capturas, disminución en la participación entre subsectores, con o sin licitaciones, etc., nuestra labor ya es complicada y, por todo lo expresado y en justicia es necesario el apoyo de la autoridad, para quienes terminan afectados en su único y más preciado capital económico como lo es el trabajo”, puntualizaron las organizaciones firmantes. No, sin reiterar que la intención y deseo de todos es poder seguir trabajando, pero conscientes que habrá quienes no podrán y para ellos se busca la mitigación de un desempleo provocado por cambios legislativos y administrativos.

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