Antecedentes ya están a disposición de la Fiscalía Nacional Económica que investigará esta práctica que atenta contra la libre elección de los consumidores de un servicio.

El pasado 13 de marzo la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones remitió a la Fiscalía Nacional Económica los antecedentes de la denuncia por posible colusión por el alza de precios de taxis básicos en Coyhaique. La nueva tarifa de 2 mil pesos, fue implementada por el gremio de transportes a partir del 4 de marzo, provocando una serie de cuestionamientos por parte de la comunidad.

Haciendo eco de esta preocupación la autoridad sectorial tomó medidas en el asunto. El Seremi de Transportes Fabián Rojas, se refirió particularmente al artículo 2 del Decreto 211, que Fija Normas para la Defensa Libre Competencia. Este señala como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia los que se refieran a la determinación de los precios de bienes y servicios, como acuerdos o imposición de los mismos a otros.

 “Esto parte como una denuncia ciudadana que realizan los propios usuarios que manifestaron su preocupación por el alza de tarifas. También por las declaraciones emitidas por una representante de central de radio taxi, que se refirió a un acuerdo entre las distintas líneas para subir la tarifa. En su momento, señalamos que este tipo de prácticas está penada por la ley. Nuestro sistema normativo garantiza la libertad de competencia entre los distintos actores de un mercado. Por lo tanto cualquier acuerdo que exista entre los operadores para fijar tarifas por un servicio que prestan está penado por la ley, al igual que como se ha hecho en otras materias”, explicó el personero de gobierno.

A continuación la Fiscalía Nacional Económica comienza un periodo de investigación y recopilación de antecedentes. Una vez acreditada la colusión, éstos se ponen a disposición  del Tribunal de Libre Competencia, el cual determina sanciones y compensaciones para los usuarios.

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