Debido a una modificación introducida a la Ley General de Pesca que comenzó a regir en 2014, actualmente la certificación está en manos de entidades privadas acreditadas por dicho servicio, sistema que de acuerdo a esta iniciativa, no garantiza el fiel cumplimiento de la norma
Los diputados DC, miembros de la comisión de Pesca de la Cámara, Iván Flores, Juan Morano e Iván Fuentes, presentaron un proyecto de ley que busca establecer que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, sea nuevamente el encargado de fiscalizar y certificar los desembarques industriales y artesanales, labor que actualmente se encuentra a cargo de entidades privadas. De acuerdo al texto “con la externalización de partes de sus facultades fiscalizadoras, se estaría desnaturalizando la razón de ser del órgano y su funcionamiento se reduciría únicamente a funciones administrativas, no velando adecuadamente por el fiel cumplimiento de las normas”.
La presentación de esta iniciativa, coincide con el decomiso de más de 7.500 toneladas de harina de pescado registrado durante esta semana, las que equivalen a cerca de 40 mil toneladas de pesca de sardina y anchoveta.
Al respecto, el subjefe de la bancada DC, Iván Flores, manifestó que “lo hemos estado diciendo desde el año pasado en la comisión de Pesca. Si la autoridad no nos escucha, si no toma la iniciativa para que el rol fiscalizador del Estado lo ejerzan instituciones del Estado y no particulares, tuvimos que presentar un proyecto de ley para modificar la Ley de Pesca, y que obligue a que las instituciones del Estado sean fortalecidas en su rol fiscalizador. Sólo hace un par de días, observábamos con escándalo cómo pescadores industriales han abusado del recurso, han pasado por encima de los pescadores artesanales, y parece que nadie se dio cuenta”.
En la misma línea, Flores agregó que “estamos viendo frecuentemente problemas con las empresas certificadoras, de tal manera de que este proyecto de ley comienza a dar cuenta de lo que el administrador del Estado no ha sido capaz de enfrentar con decisión para preservar el recurso y asegurar el sustento –sobretodo- a los pescadores artesanales de todo nuestro litoral”.
Por su parte, el diputado por Magallanes, Juan Morano, expresó que “lo que esta iniciativa hace es recoger parte de la experiencia, o de la mejor experiencia fiscalizadora del país. Por ejemplo la Aduana, el SAG, en las fronteras del país les dicen a los contribuyentes que ingresan “declare: trae o no trae”. No entendemos por qué si eso se puede aplicar al ingreso al país, cuando estamos protegiendo toda nuestra sanidad animal, no se puede aplicar también a nuestros pescadores artesanales. Hoy lo que ocurre es que contrata a cualquier empresa para que se encargue de esto”.
“A nosotros nos parece que la ley debe cambiar y permitir que la fiscalización sea por declaración de quien está extrayendo el producto”, acotó Morano.
Finalmente, el diputado Aysén, Iván Fuentes, señaló que “cuando la fiscalización se hace seria, potente, pone en alto a los pescadores autorizados y le complica –por supuesto- la existencia a la pesca ilegal. En este escenario, es que estamos presentando este proyecto que propone que la certificación esté a cargo del Servicio Nacional de Pesca y no entes particulares que no tienen el apego directo ni la cercanía completa con el sector pesquero en general”.
“Recientemente hemos visto las sanciones que se deben aplicar respecto de la captura ilegal del recurso, en este caso, los recursos pelágicos como lo es la harina de pescado. Frente a situaciones como estas, queremos las más fuertes sanciones porque cuando cosas de este tipo de cosas pasan, el pescador legal sufre los embates”, dijo Fuentes.
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