“Quien hace trampa, pierde”. Así de categórica fue la Presidenta Michelle Bachelet para destacar la importancia de la ley que sanciona la infracción a las reglas de gasto electoral durante las campañas por parte de senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales o concejales.
“Ley del escaño” dispone que quienes hayan sido electos como concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores, perderán su cargo de manera automática en caso de que infrinjan las reglas de financiamiento de las campañas.
Esta ley forma parte de la Agenda de Probidad y Lucha Contra la Corrupción impulsada por nuestro Gobierno tendiente a transparentar los procesos electorales, y así recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y sus autoridades.
Los cuestionamientos al financiamiento y límites del gasto electoral develaron que nuestro sistema democrático requería con urgencia establecer nuevas normas para erradicar actos contrarios al espíritu de la democracia, y en tal sentido esta denominada “ley del escaño” dispone que quienes hayan sido electos como concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores, perderán su cargo de manera automática en caso de que infrinjan las reglas de financiamiento de las campañas.
Aparte de esta dura sanción, los infractores a la ley no podrán optar a ninguna función o empleo público durante tres años. Además, tampoco podrán ser candidatos o candidatas a cargos de elección popular en las dos elecciones inmediatamente siguientes.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet tiene la firme convicción que la democracia debemos cuidarla y protegerla, y por eso estamos convencidos que la promulgación de esta norma legal, como también la Ley que dotó de autonomía al Servicio Electoral y otras que van en esta misma dirección, servirán para prevenir posibles acciones de quienes solapadamente pretendan atentar contra la fe pública o sencillamente torcer la voluntad popular.
La ciudadanía ha reclamado con fuerza mayor transparencia y sanciones efectivas contra las malas prácticas. Y esta ley que comenzará a regir en las elecciones municipales 2016 busca precisamente que las campañas se lleven cabo de manera transparente, lo que legitimará tanto a las autoridades en ejercicio como a la política nacional.
