Valorando que el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés “haya decretado el final del DL 701” tras el término de la discusión del tercer trámite de la Ley de Presupuestos 2016, el senador Alfonso De Urresti dijo que “lamentablemente ha existido algo de confusión con la glosa incluida en el Tesoro Público, cuyo fin es cancelar bonificaciones que se efectuaron hasta 2012, pero que nada tiene que ver con la voluntad mayoritaria de parlamentarios y organizaciones sociales de poner término a un incentivo a la forestación que ya tiene más de 40 años”.
De Urresti dijo que “lo importante no es esa glosa que solo buscar cancelar las bonificaciones realizadas en 259 hectáreas y donde el 70% de los beneficiarios son pequeños y medianos propietarios. Lo importante es que como señaló el Ministro Valdés, el proyecto de ley que buscaba prorrogar la vigencia del DL701 por tres años más, ya no solo está congelado, como era evidente, sino que como ha señalado el secretario de Estado, ha llegado a su fin, lo que sin duda es una buena noticia para quienes durante años hemos estados preocupados de los impactos negativos de las plantaciones en los suelos, en los recursos hídricos y en la conflictividad con las El parlamentario del PS agregó que “lo verdaderamente importante es que ahora, lo que corresponde, y que confiamos quede expresado en el Protocolo del Presupuesto 2016, es que el Ejecutivo ingrese a la mayor brevedad posible, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, tanto para cumplir con lo señalado por el Tribunal Constitucional ya el 2008, para superar la institucionalidad híbrida e insuficiente que hoy tiene la Conaf, como para elaborar una política pública forestal moderna, con énfasis en el bosque nativo, sustentable y que no esté centrada exclusivamente en el modelo exportador de materias primas”.
Finalmente, el legislador de la Región de Los Ríos, dijo que “esta buena noticia, surgida en el marco del proceso de investigación de la llamada colusión del papel confort, y la tramitación de la ley que penaliza esta práctica anticompetitiva, en lo que hemos denominado como “Ley Matte”, debe marcar un hito, un antes y un después, entre ese modelo instaurado en la dictadura en favor de las grandes empresas forestales y uno que debe dar cuenta de la protección de los recursos naturales e, incluso, pensando en la prevención de los efectos del cambio climático”.
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