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El Gobierno de la presidenta Bachelet está impulsando el proyecto que sanciona con cárcel el delito de colusión.

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Un sentimiento de indignación provocó en la mayoría de la población chilena la reciente denuncia de colusión sobre las grandes cadenas de supermercados por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El nuevo caso que salió a la luz pública recién empezando este año 2016 se suma a otros que han afectado directamente la confianza de los consumidores y, por cierto, el presupuesto familiar de miles de chilenos y chilenas. Desde que estalló el primer caso de colusión en diciembre de 2008, tras conocerse el alza concertada de precios de 220 medicamentos por las cadenas de farmacias, paulatinamente hemos sido testigos de hechos similares en otros sectores de la economía nacional. Hace pocos meses atrás conocimos la acusación contra las empresas del llamado “cartel del papel confort” y antes el acuerdo de precios de las principales empresas productoras de pollos.

A los anteriores se han sumado casos como la colusión del transporte de buses, de las navieras, de los médicos ginecólogos de Ñuble, entre otros que han tenido menos impacto mediático, pero no por ello son menos reprochables e inaceptables.

Sin duda que estas malas prácticas llevadas a cabo por parte de algunos empresarios atentan contra la libre competencia. Por esto el Gobierno de la presidenta Bachelet está impulsando el proyecto que sanciona con cárcel el delito de colusión, propuesta legislativa que está en plena discusión actualmente en el Congreso y que podría convertirse en ley a fines de este mes.

Hasta ahora los llamados “delitos de cuello y corbata” solo reciben multas, que no necesariamente se condicen con las ganancias obtenidas tras meterle la mano al bolsillo a los consumidores.

Nuestro Gobierno valora el aporte que hacen los empresarios al desarrollo del país, pero las acciones que atentan contra el presupuesto familiar y la confianza ciudadana merecen sanciones como la privación de libertad.

En forma transversal los hechos de colusión han sido rechazados, por lo que esperamos que los parlamentarios de Derecha apoyen el proyecto que aumenta las penas a quienes incurren en estas prácticas. 

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