Historia de la colusión en chile: la justicia está en los ciudadanos

imagesLos diversos episodios de colusión descubiertos en Chile han puesto en jaque y en controversia la eficacia de las instituciones responsables de juzgar y evitar la continuación de este tipo de delitos, tales como el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el Tribunal de Libre Competencia (TLC), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la capacidad “fiscalizadora” de los políticos de turno.

El descontento de la gente en Chile aumenta notoriamente al ver que muchos de estos casos terminan compartiendo la impunidad y el actuar de un sistema jurídico laxo, o quizás preferencial, para quienes se ven involucrados en estos eventos (empresarios, ejecutivos, políticos y clase acomodada de Chile).

Es importante señalar que la colusión en Chile, al parecer, se ha instalado como una práctica habitual en algunas empresas para consolidar su crecimiento y obtener el máximo beneficio por parte de sus directivos.

Para refrescar la memoria, es importante señalar que la colusión en Chile, al parecer, se ha instalado como una práctica habitual en algunas empresas para consolidar su crecimiento y obtener el máximo beneficio por parte de sus directivos. Al respecto, la oscura historia económica develada en nuestro país se inicia con el “Caso Farmacias” (12/2008), donde Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, aumentaron en un 48 % el precio de 222 medicamentos, durante 2007 y 2008, teniendo antecedentes de haber operado en forma similar en 1995; el “Caso Pollos” (2011), donde Ariztía, Agrosuper y Don Pollo organizaron su producción y se asignaron cuotas de mercado; “Caso Navieras” (2012), en que la Compañia Sudamericana de Valores (CSAV) y la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI) son investigados por los gobiernos de EE.UU y Canadá, al fijar concertadamente precios y tarifas en el transporte de vehículos; “Cartel del Papel Confort” (10/2015), en que CMPC Tissue y SCA son denunciados por la FNE, por la colusión de más de 10 años, en la fijación de precios y cuoteos de mercado en la venta del papel tissue; “Caso Supermercados” (01/2016) en que las empresas CENCOSUD, SMU y Walmart, son denunciados por la colusión en la fijación de precios y venta del pollo; “Caso Ginecologos” en que algunos especialistas de la salud, coordinaron la fijación de aranceles por consulta y el retiro del sistema de Isapres (aduciendo que no remuneran “adecuadamente” su trabajo).

La historia de la Colusión en Chile, posee una vasta trayectoria y una serie de negociaciones que quizás nunca sabremos por completo, puesto que la justicia ha logrado imponer superficialmente “penas compensatorias para los consumidores afectados” y medidas cautelares no privativas de libertad, para los ejecutivos involucrados, sembrando un clima de impunidad y frustración generalizada, por parte de la ciudadanía. Lo más dramático de esta situación es que al parecer, el modelo económico neoliberal facilitaría que las grandes empresas cometan concertadamente este tipo de delitos, puesto que las multas involucradas, son inverosímiles frente a las ganancias obtenidas. Más aún, ni siquiera hemos mencionado los casos de las AFPs (y el sistema previsional injusto existente en Chile), el “lucro en la educación”; los casos SQM, CAVAL y el de numerosos políticos ligados al mundo empresarial, que han favorecido desde el Congreso, las ganancias de estas organizaciones, a cambio del financiamiento irregular de sus campañas políticas, entre otros beneficios.

Pareciera ser que la impunidad (obtenida mediante la “autodenuncia” de las empresas) y la Justicia “parcial”, es un factor común en estas situaciones, demostrando la ineficacia de las instituciones, para frenar y judicializar ejemplarmente este tipo de conductas, anti éticas, vergonzosas y de enorme perjuicio para los consumidores en Chile. Sumado a lo anterior, observamos con impotencia la excesiva pasividad con que los poderes del Estado, han respondido y representado los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, en la construcción y mejora sustancial de la Ley de Protección al Consumidor; el término al alza de planes, en las Isapres; las regulación y mejoramiento del sistema de pensiones; las condiciones laborales de los trabajadores a honorarios, etc.

Finalmente, solo nos resta señalar que los ciudadanos no podemos estar ajenos a lo que ocurre en nuestro país y a los casos aquí planteados. Por delante y mediante el ejercicio de nuestros deberes ciudadanos, tenemos la posibilidad de discernir respecto a quienes queremos que nos representen en el Congreso / Presidencia; de censurar a las cadenas involucradas en casos de colusión (evitando el consumo de sus productos o prefiriendo los almacenes de barrio por ejemplo), para asociarnos, replantearnos y quizás transformar nuestra sociedad. Estas reflexiones plantean el dilema de ser ¿testigo o protagonista? Ud. decide.

[1] Psicólogo. Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativas. Doctor © en Ciencias Humanas, UACH.

Investigador Visitante – Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de La Coruña.

Correspondencia a: eduardo.sandoval@correo.udc.es