Nuevo paso busca agilizar diligencias por hechos acaecidos en Los Ríos.
Para agilizar la investigación que lleva adelante la Justicia, al tribunal de Garantía de Valdivia fue trasladada la querella criminal presentada por el diputado Bernardo Berger en Santiago por el delito de desvío de recursos públicos y fraude al fisco, que involucraría a autoridades del ministerio de Salud.
La acción judicial, ingresada el 14 de diciembre en la región Metropolitana, apunta además a todos quienes resulten responsables por el desvío de recursos que estaban destinados a mejorar atención de pacientes de Valdivia, pero que se usaron a través del municipio de Paillaco para pagar facturas del congreso gremial de dirigentes de la Confusam.
“Hemos traslado la querella a los Ríos a sugerencia del 7mo Tribunal de Garantía de Santiago para agilizar la investigación, dado que gran parte de los antecedentes y eventuales formalizaciones se concentrarían acá. Esperamos que pronto podamos tener resultados porque la sumatoria de hechos es grave, constituiría a nuestro entender no uno, sino varios delitos, que finalmente terminan lesionando a los pacientes de la ya bastante dañada salud primaria”, sostuvo Berger esta mañana.
Los delitos investigados por la justicia corresponden a los contemplados en el Art. 236 del Código Penal, y apunta además contra todos quienes resulten responsables por la triangulación de acciones que dieron pie al desvío de 70 millones de pesos del programa de Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Municipal, aprobados para la comuna de Valdivia, pero que sin explicación aparente terminaron en las arcas municipales de Paillaco para que ésta a su vez pagara facturas del XI congreso gremial de la Confusam que se realizó en Valdivia entre el 6 y el 8 de octubre pasado.
Según los antecedentes, se habría disfrazado el Congreso Nacional de la Confusam poniéndole un nombre de fantasía distinto para allegar los dineros de un programa reservado exclusivamente para el refuerzo de la atención de pacientes de consultorios municipales. Y pese a que los recursos eran para Valdivia, se le pasaron a Paillaco aparentemente para que ésta haga de caja pagadora de los gastos del evento gremial que como da cuenta la propia organización, definía plataformas de lucha laboral y procesos estatutarios internos, todo en un lujoso hotel privado.
Además, las irregularidades también involucrarían transgresiones administrativas graves contempladas en el Art. 54 de la ley 18.575, por lo que en paralelo los hechos se investigan en la Contraloría General de la República.
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