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Para enfrentar de verdad los desafíos energéticos, sobre todo en el campo eléctrico, es necesario resolver antes y no después los temas relativos a la vinculación con las comunidades y la participación regional.

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Chile necesita con urgencia una vuelta de tuerca a la política energética. Desde la gran crisis eléctrica de 1996, en que la ciudadanía debió soportar meses de racionamiento, se ha debatido mucho, pero el avance concreto ha sido escaso, tanto en aumento de la matriz como en la diversificación de la misma.

Teniendo en consideración aquello, y sobre todo que el país crece a un ritmo más acelerado que la energía disponible, es que son bienvenidas todas aquellas ideas, iniciativas y proyectos de ley que tiendan a incentivar una relación más fluida para la producción y distribución energética en el territorio, en la medida que estas cumplan con los parámetros que garanticen una sana convivencia con el entorno que afectan.

De ahí que me pareció acertado y oportuno el proyecto de ley que hemos analizado en extenso esta semana en el Congreso Nacional para elaborar un nuevo sistema de transmisión eléctrica, pero también para crear un organismo coordinador independiente de las empresas que prestan el servicio y autónomo respecto del ministerio que rige el sector.

Pero ojo: Si el país quiere enfrentar de verdad los desafíos energéticos, sobre todo en el campo eléctrico, es necesario resolver antes y no después los temas relativos a la vinculación con las comunidades y la participación regional. De lo contrario, cualquier nueva idea o nuevo proyecto está condenado de antemano a seguir repitiendo los conflictos que han caracterizado hasta ahora  las iniciativas energéticas en Chile.

El país requiere certezas: la tranquilidad del que su esfuerzo se desarrollará dentro reglas del juego claras que no cambian con la moda; para las comunidades, que sus derechos, su opinión y su calidad de vida no serán vulnerada; y en el medio, un Estado mediador, facilitador y fiscalizador de la fluidez de dichas relaciones.

Claramente esto es lo que hoy no sucede como se quisiera, y si no, la lista de ejemplos de conflictos empresa-comunidad es larga en casos y tiempo para verificarlo.

De ahí que si bien me parece oportuno el proyecto para el sistema de transmisión eléctrica y el nuevo ente coordinador, también me temo una vez más que no se abordan con claridad mecanismos reales de participación local desde la génesis, como tampoco existen consideraciones hacia las regiones y sus instituciones en este tipo de procesos.

Lo cortés no quita lo valiente. Y en ese sentido, esta omisión hacia las comunidades locales y las regiones puede jugar en contra de un muy buen proyecto, en un impase que bien podría resolverse con voluntad de integrarlos de verdad en el proceso. 

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