Se espera que durante septiembre la FAO haga entrega del informe final con conclusiones y recomendaciones y así alinear la legislación nacional con las mejores prácticas internacionales para la gestión sustentable del sector.

Desde el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se han impulsado dos líneas de trabajo. La primera tiene que ver con una evaluación estrictamente técnica y que se le encargó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la cual está en su etapa final, se espera que durante septiembre la FAO haga entrega del informe final con conclusiones y recomendaciones.

Por su parte, el ejecutivo ya trabaja también en un acuerdo amplio con parlamentarios representantes de todas las bancadas de la Nueva Mayoría y en donde se pretende corregir tres pilares de la actual legislación. En esa línea se pretende que la ley de pesca, para el caso del sector industrial, las licencias transables de pesca dejen de ser para siempre, que los recursos que la industria extrae no sean gratis y se pague un precio justo por eso y eliminar una serie de privilegios.

La seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Los Ríos, Ana María Bravo, comentó que, “Como Gobierno tenemos un compromiso por hacer cambios a la Ley de Pesca, y prueba de ello es que ya se encuentran en trámite tres iniciativas legales en el Congreso Nacional siendo dos de ellas muy relevantes para el desarrollo sostenible y fortalecimiento de la pesca artesanal. Se trata del proyecto que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y el de regularización de caletas pesqueras, ambas iniciativas se encuentran en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Pesca del Senado”, señaló la autoridad.

Cabe destacar, que desde la Cámara de Diputados, se tramita un proyecto de fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca y que propone dotar al organismo fiscalizador de mayores atribuciones y combatir la pesca ilegal de manera decida tipificando de delitos.

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