Cámara acordó que Senama proteja judicialmente a adultos mayores en abandono

Proyecto de resolución de diputado Berger contó con unanimidad de la sala.

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Con 102 votos a favor, la unanimidad de la Cámara Baja respaldó este mediodía el proyecto de resolución del diputado Bernardo Berger (RN) que otorga facultades al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) para perseguir judicialmente a los infractores de los derechos de los adultos mayores.

Los parlamentarios hoy le dieron luz verde a la iniciativa que además de otorgar esta herramienta, obligará al Senama a la representación judicial ante tribunales de Familia para quienes haya sido abandonados por sus familiares.

“Esta era una prerrogativa que curiosamente no existía en el Senama pese a ser éste el organismo del Estado que por ley tiene  la tarea de proteger sus derechos. De ahí que agradezco el respaldo legislativo para asegurar a nuestros adultos mayores abandonados que habrá un organismo público disponible para defenderlos ante el abandono familiar”, subrayó Berger.

De acuerdo al legislador por Los Ríos, la situación actual en Chile es crítica en lo que se refiere a las condiciones de la tercera edad abandonada. “La gran mayoría no cuenta con una red vincular familiar pese a tener parientes, y llevan en promedio más de tres años en las calles.  El abandono es un tema que mayoritariamente afecta a varones aunque hay un 20% de mujeres que también están en la calle o a su suerte en algún hogar de paso o de acogida”.

Añadió el parlamentario que del universo de adultos mayores en estado de abandono, “muchos ni siquiera tienen carné de identidad o recuerdan su RUT, dato básico para acceder a la red de protección social del Estado; y más grave aún, la mayoría padecen enfermedades crónicas derivadas de vivir en la calle, así como el alcoholismo que se repite en casi todos los estudios de salud al respecto”.

Otros tres proyectos de autoría del diputado Berger serán votados en los próximos días: el que crea por ley el  FRIL Participativo integrando a los COSOCs, la priorización participativa desde las comunas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y el bono post laboral de Alta Dirección Pública para quienes son obligados a renunciar ante cambios de gobierno.

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