“Claramente el enojo de la presidenta de la República por la publicación de la compra de un terreno en el norte cerca de un gran proyecto minero que está a nombre de su hija es humanamente comprensible, pero políticamente inadecuado”, afirmó.
El diputado de la UDI Enrique van Rysselberghe se refirió a la polémica generada por la compra de un terreno cercano de un proyecto minero que se encuentra a nombre de la hija de la presidenta Michelle Bachelet, manifestando que la molestia por parte de la mandataria respecto de la publicación de dicha información “es humanamente comprensible, pero políticamente inadecuada”.
“Todos los presidentes están sujetos al escrutinio público y lo que no puede pedir un mandatario es que existiendo antecedentes fiables y concretos, capaces de generar expectación ciudadana, deban ser desechados por los medios de comunicación para ahorrarle un mal rato al jefe de Estado. Nos parece que aceptar esa solicitud no es ni más ni menos que una invitación a la autocensura”, dijo.
Al respecto, EVR señaló que “conocidos son los casos de políticos que han sido acosados judicial y públicamente por otros políticos o medios y después de varios años han logrado desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra. Tampoco nos resulta extraño el caso del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien en estas últimas semanas ha enfrentado una campaña sucia orquestada por miembros del oficialismo, y frente a las cuales no han existido condenas ni descalificaciones ni solicitudes de limitar la publicación de antecedentes muchas veces descontextualizados o simplemente mal intencionados”.
“Si de verdad creemos en la libertad de expresión y asumimos que los cargos públicos tenemos una fiscalización social mayor, entonces debemos aceptar como una práctica incómoda, pero necesaria la publicación de antecedentes que pueden tener varias lecturas y que obligan, como en el caso de la hija de la presidenta, a dar explicaciones a la propia mandataria”, enfatizó.
Finalmente, Enrique van Rysselberghe sostuvo que “los medios de comunicación y la fiscalización social son hoy un dato relevante que ningún acto social ni político puede simplemente desestimar o desatender. Pero lo que no puede hacer el poder político es exigir a los medios, las personas o a las organizaciones sociales que teniendo antecedentes sobre temas concretos sean archivados para no perturbar la tranquilidad de los altos cargos del Gobierno y sus familiares, concluyó”.
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