En el #DiaMundialDelAgua 

El jefe de la bancada DC, Roberto León, junto a la diputada Yasna Provoste y los diputados Juan Morano, Sergio Espejo e Iván Flores, destacaron la necesidad de impulsar “todos los esfuerzos e iniciativas que se requieran para defender y proteger el agua como bien común de uso público, modificando una legislación que viene desde la dictadura”.

Los parlamentarios agregaron además su preocupación por los cambios que pudiera experimentar la Reforma al Código de Aguas, ya aprobada en la Cámara y actualmente en el Senado, señalando que “esperamos se respete el espíritu y los ejes centrales de esta reforma de enorme importancia para el país”.

Al respecto, el diputado Morano sostuvo que “esperamos que el lobby no afecte todo el trabajo que realizamos en la Cámara, a favor de las comunidades, a favor del acceso igualitario y del sentido que para nosotros tiene esta reforma, asegurar su consumo para todos como bien de uso público, incluyendo importantes cambios que incorporan a las personas como protagonistas, dejando de ver a este vital elemento como un bien económico. No queremos campañas de desinformación e interesadas en frenar un cambio que Chile merece y necesita”.

Cabe señalar que la propuesta se encuentra en segundo trámite legislativo desde noviembre del año pasado, con simple urgencia y que tanto desde el Ejecutivo como desde el sector privado han surgido propuestas de cambio.

Creada en 1981, el Código de Aguas rige el acceso, gestión y distribución de dicho recurso en el que predomina una visión del agua como un recurso económico. Tras cinco años de tramitación y el paso por tres comisiones de la Cámara, la Reforma se aprobó por 63 votos a favor y 32 en contra en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que fue propuesta inicialmente por una serie de parlamentarios en 2011 y luego reformulada por el Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, tiene como principal objetivo reforzar el carácter de uso público del vital elemento; reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

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