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Queda la sensación que el gobierno está más preocupado de no incomodar a sectores políticos que tienen sintonía histórica con la intervención armada, que de ponerle el cascabel al gato al terrorismo

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La nueva quema de camiones y maquinarias, que está vez le tocó sufrir a la vecina comuna de Panguipulli la madrugada del viernes, da cuenta que la escalada de violencia en la Araucanía dista con mucho de estar controlada. Por el contrario, sigue amenazando extenderse peligrosamente a otras regiones del sur.

En un Estado de Derecho plenamente garantizado, el Ejecutivo asumiría de inmediato la protección de las víctimas y el restablecimiento de la paz social echando mano a los instrumentos legales a su disposición. 

Ni los intentos de investigación judicial del Ministerio Público, ni las acciones particulares, y menos las iniciativas de ley llevadas al Parlamento han prosperado como se esperaría. El proyecto que fortalecía precisamente la investigación de estas materias, fue desechado por culpa del rechazo orquestado de la propia coalición gobernante.  

Por eso preocupa profundamente la insistencia majadera de La Moneda de no reconocer como terrorismo este tipo de atentados pese a las evidentes intenciones y a las características concertadas y sistemáticas de provocar terror en la comunidad, que en casos anteriores han terminado con balaceras, heridos, amenazas, muertes y miles de millones de pesos en pérdidas de capital de subsistencia y trabajo.

Queda la sensación que el gobierno está más preocupado de no incomodar a sectores políticos que tienen sintonía histórica con la intervención armada, que de ponerle el cascabel al gato al terrorismo. Mientras no se ponga los pantalones y exija la aplicación de las atribuciones legales que tiene a mano, entre ellas la ley anti-terrorista, la población que trabaja honestamente va a seguir al arbitrio de un grupo de activistas, que se han dedicado más bien a hacer daño y sembrar temor en la ciudadanía, con motivaciones bastante ajenas a la legitima aspiración indígena.

Ojalá que esta nueva quema sirva al menos como luz de alerta para que el ministro del Interior, en quien radica la responsabilidad sobre los instrumentos de defensa de la ciudadanía, de una vez por todas se sensibilice y se convenza que no vivimos en el país de las rosas, y que la situación de la Araucanía y del sur en general está pasando cada vez más de castaño a oscuro.

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