Gremio de la construcción llama a reactivar la economía y propone medidas pro crecimiento

En su discurso, Sergio Torretti enfatizó la necesidad de reactivar el crecimiento económico. “En un país donde todavía viven cerca de dos millones de personas en condición de pobreza, no podemos dejar de crecer ni una sola décima”, señaló.

Asimismo, el dirigente gremial propuso dos medidas para reactivar la actividad del sector construcción y que se acuerde una nueva agenda pro-crecimiento para dinamizar la economía y elevar el crecimiento potencial del país.

El bajo crecimiento económico exhibido en los últimos años fue el eje central de la intervención realizada por Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), durante el Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción, realizado esta mañana en CasaPiedra en el marco de la Semana de la Construcción y que contó con la presencia de autoridades, otros representantes del sector privado y socios del gremio.

“Las razones del bajo crecimiento económico ya no tienen que ver con el contexto mundial. De hecho, el propio FMI proyectó un aceleramiento de la economía global para este año. Tiene que ver más bien con la política que, por acción u omisión, ha posibilitado la elaboración de políticas públicas que afectaron la confianza, la inversión y el crecimiento”, argumentó el dirigente.

Torretti agregó que es urgente revertir el clima de desconfianza que hoy existe y que es responsabilidad de todos cambiar el actual escenario. “En un país con cerca de dos millones de personas viviendo en la pobreza, el crecimiento económico no es una opción. Es un deber moral. Y cualquier gobierno, del signo que sea, debe tener como prioridad crear las condiciones para que la economía del país crezca al máximo de su potencial”.

Propuestas reactivadoras

Durante su intervención, el dirigente propuso tres iniciativas para reimpulsar la actividad del sector de la construcción y la economía en general.

  1. Agilizar proyectos de concesiones ya adjudicados mediante la creación de una mesa de trabajo público-privada que destrabe aquellas iniciativas que, habiendo sido licitadas, su construcción aún no se inicia por estar pendiente algún trámite. El gremio estimó que existen proyectos por US$ 1.500 millones de dólares que se encuentran en esta situación, los que podrían dar trabajo a cerca de 2.000 personas durante su ejecución (ver anexo).

“Además de una mesa de trabajo y que se refuercen las áreas de gestión ambiental y territorial del MOP, es clave que el Estado -como dueño de la infraestructura concesionada- se involucre en la tramitación de los proyectos y, en el mediano plazo, que los licite con sus permisos ya aprobados”, argumentó el presidente de la CChC.

  1. Crear un nuevo subsidio de movilidad social, permitiéndose a personas que ya obtuvieron un subsidio habitación y que tienen una vivienda, puedan entregarla como parte de pago para, con el apoyo de un nuevo subsidio acotado y un crédito hipotecario, puedan acceder a una mejor vivienda, en barrios mejor localizados y con mejores estándares.

Torretti añadió que “este nuevo subsidio generaría movilidad social y un stock de viviendas que, una vez rehabilitado, podría estar disponible para los sectores vulnerables e inmigrantes, a la vez que facilitaría la renovación de áreas para el emplazamiento de nuevas viviendas sociales”.

  1. Acordar una nueva agenda pro-crecimiento entre el sector público y privado, que le devuelva el dinamismo a la economía y ayude a elevar el crecimiento potencial del país.

“Como gremio y como sector vamos a estar siempre disponibles para esta tarea, porque somos los llamados a darle materialidad a cualquier estrategia de desarrollo y porque creemos firmemente que construir un mejor país es obra de todos”, dijo el líder del gremio constructor. 

ANEXO PROYECTOS DE CONCESIONES ADJUDICADOS Y NO INICIADOS

 

  1. Concesión Nuevo Puente Industrial sobre el Río Bio-Bio.

Concesionario: OHL. Fecha formal inicio período de construcción: 2/12/2014. Estado actual: Estudio de Ingeniería en fase de término. Hechos relevantes: La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que presentó la empresa fue rechazada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en agosto de 2016 y se le exigió la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo cual se estima atrasará el proyecto en un año. La concesionaria aún no presenta el EIA. Atraso respecto de fecha formal de inicio de construcción: 28 meses y contando (al 01/05/2017). Monto de inversión: US$ 130 millones. Mano de obra promedio en período construcción: 300 personas.

  1. Concesión AVO tramo El Salto-Príncipe de Gales. Concesionario: Consorcio OHL-SACYR. Fecha formal inicio período de construcción: 13/03/2014. Estado actual: Estudios de Ingeniería terminados. Hechos relevantes: Si bien estaba contemplado iniciar las obras en septiembre de 2017, el EIA presentado por la concesionaria en noviembre de 2015 aún se encuentra en etapa de calificación. El último ICSARA solicitado por el SEA, el 6/09/2016, contenía 283 aclaraciones. El plazo para contestar vencía el 31/03/2017. En esa misma fecha, el SEA suspendió la Evaluación de Impacto Ambiental hasta que se esclarezcan hechos y se determinen responsabilidades en relación a denuncia por presuntos delitos de cohecho y negociación incompatible. Atraso respecto de fecha formal de inicio de construcción: 37 meses y contando (al 01/05/2017). Monto de Inversión: US$ 870 millones. Mano de Obra promedio en período construcción: 975 personas.
  1. Concesión Embalse Punilla: Concesionario: ASTALDI. Fecha formal inicio período de construcción: 22/06/2016. Estado actual: En desarrollo Estudio de Ingeniería de Detalle. Hechos relevantes: de acuerdo a lo resuelto por el SEA el 23/03/2017, se desestima la DIA presentada por el concesionario y solicita la presentación de Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de la línea de transmisión eléctrica, con lo cual las obras no se iniciarán antes del 2018. Atraso respecto de fecha formal de inicio de construcción: 10 meses y contando (al 01/05/2017). Monto de Inversión: US$ 375 millones. Mano de Obra promedio en período construcción: 440 personas.
  1. Segunda Concesión Túnel El Melón: Concesionario: Consorcio BELFI-CONPAX-AURA. Fecha formal inicio período de construcción: 7/06/2016. Estado actual: La concesionaria ingresó una consulta de pertinencia al SEA con el objetivo de introducir cambios al proyecto original del túnel El Melón -hoy operativo y que no cuenta con RCA ya que se trata de una obra pública antigua- y construir un túnel secundario que complementará el servicio del túnel actual. Atraso respecto de fecha formal de inicio de construcción: 10 meses y contando (al 01/05/2017). Monto de Inversión: USD 120 millones.
  1. Caso complementario: Concesión Hospital El Salvador-Geriátrico: Concesionario: Consorcio Assignia, Gia+A, Cosal. Fecha formal inicio período de construcción: 28/05/2014. Estado actual: Construcción iniciada. Hechos relevantes: En enero de 2017 se dio inicio formal a la construcción luego de dos años de retraso por entrega de terrenos, lo que solo ocurrió en octubre de 2016. Adicionalmente, la DIA se demoró por hallazgos arqueológicos, la que finalmente se aprobó en diciembre de 2016. Atraso respecto de fecha formal de inicio de construcción: 31 meses. Monto de Inversión: US$ 270 millones. Mano de Obra promedio en el período de construcción: 800 personas.

Recomendaciones

Los mayores problemas con los cuales se enfrentan los proyectos de infraestructura concesionados para iniciar su construcción se relacionan normalmente con los procesos de aprobación ambiental y atrasos en la ejecución de las expropiaciones necesarias para el inicio de las obras, entre otros. Todo ellos ámbitos relacionados con gestiones propias de organismos de Estado, razón por la cual la Cámara Chilena de la Construcción propone lo siguiente:

Criterio general:

En su calidad de dueño de las obras concesionadas, el Estado debe contribuir activamente a la oportuna ejecución de los proyectos, no solo porque está en mejores condiciones para hacerlo desde el punto de vista institucional -por ejemplo, para administrar la relación entre las diversas entidades estatales involucradas-, sino por su lógico interés en que los beneficios de un proyecto de estas características se generen oportunamente.

Para agilizar la ejecución de los proyectos, el Estado debe asumir la titularidad y el protagonismo en todos aquellos aspectos que requieren de su autoridad y gestión para llevarlos adelante, lo que no debiera ser delegado a un tercero, ya que las probabilidades de sufrir retrasos, como está visto, son demasiado altas.

Medidas específicas: 

  1. Crear un organismo que vele por la oportuna materialización de los proyectos de inversión. Entidad público-privada que monitoree y proponga acciones para el adecuado avance de los proyectos de inversión de mayor envergadura, incluyendo obras de infraestructura, como es el caso de los proyectos en tramitación. Pudiendo partir ante la contingencia como una mesa de trabajo, debiera constituirse en un organismo de carácter formal y permanente. 
  1. Fortalecer la institucionalidad de concesiones, reforzando las áreas de gestión ambiental y territorial del Ministerio de Obras Públicas. Esto debiera hacerse en lo inmediato con los actuales recursos que dispone esa cartera, pero sin duda constituye otra razón para agilizar la aprobación del proyecto de ley que crea la Dirección General de Concesiones, que actualmente se tramita en el Congreso.
  1. Crear mecanismos que mejoren la coordinación entre los organismos del Estado, particularmente entre aquellos con más injerencia en la aprobación y desarrollo de los proyectos concesionados, como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
  1. Licitar nuevos proyectos con sus permisos ya tramitados por el mandante y aprobados por los organismos competentes. Tal como lo hacen mandantes privados, el Estado debiera hacerse cargo de todas las aprobaciones antes de contratar la ejecución de un proyecto. Con ello también se mitigaría el riego que para los contratistas representan los eventuales cambios que surgen producto de los procesos de aprobación. 
  1. Mantener una cartera actualizada de proyectos de concesiones, soportada sobre la base de buenos estudios, de manera que el Estado no disponga solo de ideas, sino de proyectos debidamente encaminados a partir de análisis técnicos y económicos.