Arturo Alvear, superintendente de Educación de Los Ríos: “Ejercemos una función de fiscalización que aporta al mejoramiento de la calidad de la educación”

La Superintendencia de Educación, organismo creado por la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Ley N° 20.529), comenzó a operar en el segundo semestre del año 2012 a escala nacional. Arturo Alvear Avendaño, director de la institución en la Región de Los Ríos, ofrece una mirada retrospectiva a lo que ha significado su ejecución, los objetivos que persigue y la función que cumple en el contexto de una nueva institucionalidad educativa. Contando con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio de Educación, Alvear asume por alta dirección pública a mediados del año 2015 el cargo, con la responsabilidad que implica la creación de una nueva institución y los desafíos que significa su implementación a escala regional.

-Cómo se gesta la Superintendencia de Educación y cuál es su función en el sistema

Previo a su creación, la facultad de fiscalizar recaía en manos del Ministerio de Educación. Durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la Ley del sistema de aseguramiento de la calidad (SAC) crea un sistema que resta al Ministerio las funciones de evaluar, aplicar estándares y clasificar establecimientos, formándose la Agencia de Calidad de la Educación. De esta forma, surge un organismo que se especializa en la  fiscalización, el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa.  Somos parte del Ministerio de Educación, pero independientes de este.

Todo aquel establecimiento educacional que tiene reconocimiento del Estado, ya sea en su categoría de establecimiento particular, municipal o subvencionado, tiene que cumplir con la normativa. Esto implica infraestructura, profesionales involucrados y material didáctico que se ofrece. Fiscalizamos el uso de los recursos a través de una serie de normativas. Si el resultado de este ejercicio está de acuerdo a la ley, se sigue adelante, si no es así, la institución puede retirar los recursos asignados. Fiscalizamos asimismo la convivencia escolar. Resguardamos los derechos de las niñas, niños y jóvenes del sistema educativo, en virtud de los tratados nacionales e internacionales con que contamos, así como con el compromiso de protegerlos.

A partir de este año fiscalizamos asimismo los jardines infantiles, nueva facultad que obedece a la política de apoyo a la primera infancia impulsada por la presidenta Bachelet. Fiscalizamos todos los establecimientos educacionales conocidos como jardines infantiles, tanto los que eran manejados por Junji e Integra, como los particulares pagados. La salvedad es que los que no tengan reconocimiento oficial del Estado tienen plazo hasta agosto del 2019 para hacerlo. En ese intertanto la Superintendencia de Educación va a recibir y a gestionar cualquier denuncia que llegue por las distintas vías a las que tenemos acceso, que son muy importantes para la comunidad, porque cuando un apoderado se siente con algún derecho vulnerado puede recurrir ante nosotros vía presencial o mediante los distintos medios electrónicos que tenemos.       

-Qué aspectos aborda la fiscalización.

La fiscalización se realiza desde el punto de vista de los programas, que son específicos, 19 en total, relacionados con infraestructura, condiciones laborales, recursos SEP y recursos PIE, entre otros. El cumplimiento de ese programa de fiscalización conlleva una retroalimentación en el sentido de que nosotros queremos que los establecimientos mejoren sus prácticas para que obviamente hagan bien  las cosas, porque así tendrán un buen resultado de aprendizaje, que es nuestra misión en el fondo. Nuestra tarea es fiscalizar que se cumpla la normativa, para que los colegios hagan bien su trabajo y efectivamente los niños, niñas y jóvenes tengan las mejores condiciones de seguridad, alimentación, infraestructura, material didáctico y profesores calificados, para que puedan aprender en condiciones óptimas.

Le damos a la ciudadanía la certeza de que los recursos destinados a educación se están gastando como se debe, y no como antes, que le gente entendía o creía que la plata de los sostenedores se la podían llevar para la casa, no; nosotros hemos corrido el cerco, estamos cambiando la forma en que se hacían las cosas.

Los últimos resultados del Simce indicaron que los colegios municipales crecieron más que los particulares;  y si bien sigue habiendo una diferencia, estando más abajo los municipales, estos avanzaron más porque la política pública hacia ellos va en esa dirección, cuyo cumplimiento nos dedicamos a fiscalizar.     

 -Cómo ha impactado a los establecimientos educacionales el ejercicio de la función fiscalizadora en la zona

Como era un organismo nuevo, que nace durante el Gobierno anterior, se instaló de manera bastante rudimentaria, es decir, con elementos muy simples; y en definitiva, implicó volver el sistema más complejo, porque la interpretación que tiene la Superintendencia de las leyes implica que se deben adoptar herramientas para darles cumplimiento, y no las había; entonces, se hizo una fiscalización de procesos que al día de hoy todavía se están resolviendo, y estamos hablando ya de tres años. En este contexto, podemos aplicar sanciones, que van desde una amonestación hasta la perdida de la calidad de sostenedor, ya que contamos con la atribución de cerrar establecimientos educacionales o inhabilitar a sus sostenedores.

Desde que asumí el cargo, con el equipo partimos por evaluar lo que hacemos y en base a ello hemos propuesto un nuevo modelo de fiscalización, sustentado en el enfoque de derechos; y como tal, vamos a hacer un enfoque de fiscalización no como un castigo, porque por ejemplo haya un vidrio quebrado o falte una silla, sino porque esa falta está o no permitiendo que el niño cuente las condiciones adecuadas para desenvolverse de forma óptima. El modelo anterior miraba el riesgo, nosotros el que se cumpla la normativa, lo que llamamos “bienes jurídicos protegidos”; es decir, que el niño cuente con las condiciones adecuadas, con calefacción, con asientos, con iluminación, etc., esto es un derecho que tiene, un bien jurídico que está protegido por ley, por convenciones y normativa, y es desde el resguardo de ese derecho desde donde se da nuestra fiscalización.

Dependiendo de la gravedad de la falta, podemos aplicar sanciones muy fuertes, de 20, 30 o 40 millones de pesos, o de menos también; pero no somos una recaudadora de impuestos, ejercemos una función de fiscalización que aporta al mejoramiento de la calidad de la educación, desde el punto de vista de que si nosotros realizamos una buena labor, y la otra parte cumple con lo acordado, tenemos una buena relación y buenas prácticas, y lo más probable es que tengamos en consecuencia un mejor aprendizaje. Hay una relación directa entre estos factores.

Queremos que los sostenedores tengan las mejores condiciones para que los niños aprendan. Para ello prestamos asesoría, ayudamos, porque no nos interesa llenarnos de infractores, nos interesa que cambien sus prácticas, porque si haces buena práctica y eres ordenado, habrá una buena convivencia escolar y un mejor aprendizaje.

-Desde su inicio hasta hoy, cuáles han sido los cambios que se han implementado en la Superintendencia de   Educación

En la administración previa, ante una sanción impuesta por la superintendencia no se tenía derecho a réplica, en cambio ahora contamos con el resguardo de derechos, modelo que estamos instalando ahora. Nuestra fiscalización apunta a que se cumpla con la normativa, porque si no se cumple, lo más probable es que el niño no aprenda de forma óptima; por ejemplo, si no se reemplazan vidrios de las ventanas, los niños van a pasar frío.

Entre los sistemas que hemos instalado destaca el de la rendición de cuentas. La ley ha ido cambiando, no hay que olvidar que a partir del primero de marzo del 2016 comenzó a entrar en régimen la ley de inclusión, que tiene que ver con no al lucro, no al copago y a la selección de los alumnos, etc., una ley muy potente que además trajo una serie de modificaciones mediante las cuales los sostenedores tiene que rendir todos los recursos que reciben, porque hasta antes del 1 de marzo del 2016, si como sostenedor de un establecimiento educacional que entregaba 100 millones de pesos, quedaban 20 millones, le pertenecían al sostenedor. Esto se terminó. Hoy todos los recursos tienen que ser invertidos. Esto al principio le generó un tremendo problema a los establecimientos educacionales, porque no estaban acostumbrados al sistema.

– La inversión en los establecimientos está en relación directa con su óptimo funcionamiento. Cómo evalúa la administración de estos recursos en la zona

Desde el punto de vista de la fiscalización, 7 o 5 años atrás el tema era casi nulo, se podía incumplir o cumplir, estar al día o no, y no había diferencia, la fiscalización era muy esporádica. La rendición de los recursos del año 2016 arrojó como resultado un 85 % de establecimientos que rindió bien, en relación a la medición previa, que era bajo 70 %. Fue un tiempo de ajuste al proceso, muchos no cumplían con las fechas asignadas a la rendición, lo que generó sanciones, pero de un tiempo a esta parte  los establecimientos educacionales han ido adecuándose a la normativa. Ahora hay un servicio dedicado exclusivamente a velar por el comportamiento requerido desde el punto de vista de la normativa, el uso de los recursos y la convivencia escolar.

Los recursos son para invertirse en los establecimientos educacionales, y estos han ido cambiando sus prácticas acorde con ello. De ser bastante precarias, dándole poca importancia a la rendición, ahora se han adaptado a un sistema riguroso,  pero que da tiempo suficiente para cumplir, y por lo tanto, cada vez se mejora más, porque han entendido que la Ley de Inclusión es potentísima y está instalada, y que tienen que adecuar sus sistemas y tratar el tema de la convivencia.

  -Cómo se logra la necesaria comprensión y participación de la comunidad en el proceso que impulsan.

El apoderado ahora tiene muchas herramientas para informarse, y eso ha significado también que tiene que mejorar sus prácticas, en lo que hemos colaborado; porque no solamente fiscalizamos el uso de los recursos y la normativa, también realizamos un trabajo de difusión con los padres, apoderados y alumnos, con las juntas de vecinos, y con quienes nos requieran.

Los equipos directivos han entendido que tienen que trabajar con su centro de padres, con el consejo escolar y los centros de alumnos, porque son instrumentos que les permiten mejorar, y asimismo los padres y apoderados también están entendiendo que ellos son un factor importantísimo para el mejoramiento del aprendizaje.

Nuestro lema es: “Superintendencia de Educación: buenas escuelas para Chile”, y eso significa efectivamente buenas practicas, en la medida que los equipos directivos, no solo técnico – pedagógico, sino también los administrativos, tengan conciencia de que al hacer bien su trabajo, al invertir los recursos en el colegio, esto se reflejará en un mejor aprendizaje; por lo tanto, aportamos a que los colegios tengan buenas practicas, porque eso significa mejores resultados en el aprendizaje.

Claudia Milet / Sur Actual