Luz roja en el mar: personal embarcado de la flota industrial está en peligro de aumentar la cesantía

Capitanes, tripulantes y motoristas alertan que aplicación de normas OMI provocará impactos negativos. Uno, el aumento del desempleo que se proyecta alcanzará a 7% en los próximos meses. Y en un contexto en que se ha informado que el rubro pesca es una de las áreas que contribuye fuerte al crecimiento de 0.1 nacional.

Un grave riesgo de que la dotación de la  flota pesquera industrial chilena se reduzca a la mitad de los actuales aproximadamente 12 mil hombres, con lo que  alrededor de seis mil trabajadores quedarían cesantes, advirtieron los trabajadores del sector pesquero industrial embarcado de la Región del Biobío. También que el ya bajo índice de crecimiento económico del país se desplome,

 Se ha informado que el rubro pesca es una de las áreas que contribuye fuerte al crecimiento de 0.1 nacional y el aumento del desempleo  se proyecta alcanzará a 7% en los próximos meses.

La situación deriva de que comenzó la aplicación del STCW78/95 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de mar.  Una sola de las medidas que contiene, la  de cambios radicales en los cursos exigidos para desempeñarse en la flota, provocó, hace unos días, un conflicto entre los marinos mercantes y la Dirección de Territorio Marítimo.

Los dirigentes de los embarcados de la flota pesquera están trabajando fuertemente para conseguir acuerdos que no les provoquen problemas mayores, en relación a la obligación de los cursos, pero éstos: “son la punta del iceberg de normas que comenzaron a exigirse y serán de alto impacto”, alertaron.

Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresa de Capitanes; Hugo Roa, líder del Sindicato Interempresa de Tripulantes y el también presidente, del Sindicato Interempresa de Motoristas, Eric Riffo; plantearán (en reunión fijada para el próximo lunes 5 de junio)  la preocupación a la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic porque es el gobierno el que debe asumir la problemática, expresaron.

El convenio lo impone, en la práctica, Territorio Marítimo de la Armada, en base a un documento de la Organización Marítima Internacional (OMI) y normas del Tratado de Manila, todo suscrito hace años por el Estado que nada hizo para preparar el escenario a los cambios. Éstos  consideran una modificación en la forma, cantidad y rigurosidad de los exámenes médicos. Serán cada dos años, no cinco como era hasta ahora y a la luz de los parámetros de estado de salud y capacidades físicas que se exigirán los dirigentes están prácticamente ciertos que los hombres de 50 ó 55 años de edad no serán reconocidos como aptos.

González, Roa y Riffo explicaron que de ninguna manera se oponen a que haya controles médicos estrictos, que reconocen que el trabajo que realizan es pesado y no debería ejercerse más de 25 años según reglas internacionales y consideraciones de respeto a los derechos fundamentales de las personas; pero que el Estado debe asumir la situación. Porque se tratará de hombres de 50 años que quedarán de un día al otro cesantes, sin suficiente cotizaciones para jubilar ni posibilidad real de hallar empleo.

Todo hombre embarcado en la flota pesquera industrial mayor a 50 ó 55 años de edad y que ha trabajado incluso 35 años, en ocasiones, advirtieron, presenta algún grado de deterioro en su salud y las estrictas normas que se le aplicarán para renovar vigencia le sacarán del sistema.

En relación a los cursos, dijeron que les obligan a repetir capacitaciones, alargan otras, agregan nuevas: “¿qué pasa si nos quedamos todos en tierra y vamos a estudiar para cumplir? “ Y, además, exigen que se revise la forma porque tal como está se obliga a los trabajadores a pagar una suerte de impuesto al trabajo al tener que asistir a capacitaciones de muy alto costo, muchas veces más caras que el valor de la hora académica de la carrera de más alto precio de la mejor universidad de Chile.

Los dirigentes subrayaron que no se oponen ni rechazan medidas para mejorar las condiciones de trabajo, pero que habrá un costo social que el Estado – que está obligando a acatarlas- debe asumir.

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