La necesidad de dar cumplimiento al dictamen de Contraloría General de la República  que resolvió el reintegro de la ex dirigenta provincial de la ANEF, Sandra Mella, desvinculada desde la seremía de Bienes Nacionales de Los Ríos, solicitó la directiva regional de la asociación gremial.

Según manifestó la presidenta regional de la ANEF, Nancy Silva, en diciembre se informó sobre la desvinculación de la dirigenta, motivo por el cual la organización efectuó la presentación en Contraloría. Dicha instancia, “tras analizar los antecedentes que presentamos, resolvió que a la data de su cese, poseía la calidad de directora de la ANEF, en el cargo de presidenta provincial, por tanto se encontraba amparada del respectivo fuero”, dijo.

Y agregó que cumplido el plazo dispuesto para la reincorporación de la dirigenta,   el Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra incumpliendo un resuelvo de este órgano contralor que dice relación con el fuero sindical y el principio de las confianzas legítimas, ante lo cual, la ANEF de Los Ríos solicitará a la Contraloría General de la República  que fiscalice el cúmplase de la medida y aplique sanciones correspondiente.

A su vez, el senador Alfonso De Urresti manifestó que “lo relevante de este dictamen es el respeto al fuero que poseen los dirigentes y que en este caso, lamentablemente, no fue considerado al  momento de notificar el despido”. Este caso fue presentado por el parlamentario a la Ministra de Bienes Nacionales Nivia Palma, quien se comprometió a estudiar los antecedentes.

El dictamen -emitido el 27 de abril de este año- establece que “en consecuencia, procede que  la Subsecretaría de Bienes Nacionales disponga la renovación de la designación de la señora Mella Carrasco, para todo el año 2017, en los mismos términos de su última Contrata, reincorporándola a sus funciones, debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual esta se vio separada de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una situación dé fuerza mayor, no imputable a ella, informando de lo actuado a esta Contraloría General, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación del presente oficio”.

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