Embarcados dan bienvenida a modificar Ley de Pesca en la línea de objetivos como ratificar Convenio 188 OIT

Echan de menos que la Ley de Pesca no contiene la idea de balancear las consideraciones técnicas con objetivos sociales o de otro tipo. Consideraciones ecológicas, biológicas y de interacción entre especies hidrobiológicas son la base sobre las que se debe construir política pesquera, sin embargo no puede estar sobre o por debajo de objetivos de desarrollo social y otros.

Los trabajadores embarcados de la flota pesquera industrial, a través de sus respectivos dirigentes de patrones, tripulantes y motoristas, están  a favor de que el gobierno envíe propuestas de cambios a la Ley de Pesca, como comprometió la Cuenta Presidencial, siempre y cuando vayan en la senda que marcaron las observaciones del  Informe de la FAO.

Respecto de su sector,  y en relación a que FAO recomienda revisar las condiciones laborales, aunque éstas corresponden a leyes laborales y no la de Pesca, los embarcados recordaron  que el Estado de Chile debe ratificar el Convenio 188 de la OIT que fue aprobado por el Senado en 2007. El convenio aborda desde las condiciones de trabajo, certificación de los trabajadores-pescadores, establece dotaciones éticas relacionadas con el esfuerzo que exige la nave, y también tiene alcances sobre las enfermedades profesionales y se fortalezca la seguridad social. Ratificarlo, insistieron, es ya una obligación para un país pesquero como el nuestro.

Los dirigentes Hugo Roa, Fabián Manríquez  y Eduardo Aravena; Eric Riffo, Fernando Merino, Américo Torres, Luis González , Oscar Elmes; Juan Carlos González, Oscar Alvear, José Maldonado, José Luis Alarcón y Alex Carrillo, explicaron que el sector está participando en el proceso a que convocó la Subsecretaría de Pesca para elaborar modificaciones a la Ley de Pesca.

El sector valora que las recomendaciones FAO van en la línea de aplicar conceptos de tener una política pesquera clara, con visión ecosistémica  incluyendo seguridad alimentaria y aspectos laborales.

Resaltan y valoran que recomiende ordenamiento de las flotas que están sin control, como ocurre en Chile en el sector artesanal, con el propósito de cuidar los recursos, de asegurar su sustentabilidad y que la operación dé  satisfacción económica a los actores con responsabilidad hacia los trabajadores.

El sector industrial, subrayaron, cumple con las recomendaciones de respeto a lo biológico pues con un 46 % de porcentaje de pesca autorizado captura estrictamente aquello, asignado por Comité Científico y autoridades. Respeta totalmente todos los controles y con ese 46% de captura cumple con la recomendación de ser económicamente sostenible, da cobertura social real a los trabajadores que tienen contratos colectivos, sueldos garantizados, acceso a la salud y demás coberturas sociales.

Por tanto, hay que hacer cumplir estas advertencias para el sector artesanal que, con un permiso de 54% de cuota, sobrepesca incluso hasta el doble y tiene cero cobertura social entregada por el sector. Probablemente sí cumple con ser económicamente sostenible.

En esa línea plantearon que el Código de Conducta Responsable recomienda equilibrio entre el esfuerzo y los recursos disponibles y eso está quebrado en Chile con el incentivo que genera la insatisfacción económica a la pesca ilegal. El Estado debe intervenir para descomprimir y limitar el esfuerzo, pero esto requiere de una participación estatal amplia para generar equilibrio.

Explicaron: “reordenar el sector artesanal es obviamente necesario porque hay un gran sector que pesca para el diario vivir, para subsistir y otro que genera una actividad económica importante y ahí está el sector pelágico y merlucero también. Hay que diferenciar porque están de por medio diferencias que conllevan responsabilidades de carácter económico, tributario y de carácter social y en eso FAO acierta”.

Como se sabe, la FAO propuso distinguir los tipos de pesca artesanal en función de la naturaleza del esfuerzo pesquero realizado y ofrecer marcos normativos diferenciados, garantizando el acceso equitativo a los recursos en función de la capacidad tecnológica de cada categoría. Por ejemplo, entre pesca artesanal de pequeña escala y pesca artesanal de mediana escala y para fines comerciales.