Comisión Mixta que se encuentra dirimiendo las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado acerca del proyecto de ley sobre fortalecimiento de la regionalización, comenzaría a votar en agosto próximo las materias que debe resolver dicha instancia.

Así lo informó el senador Rabindranath Quinteros, presidente de dicha instancia, luego de presidir una nueva sesión, la que contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes.

En la oportunidad, los parlamentarios presentes acordaron que sus asesores continuarán trabajando en las próximas semanas con personeros del Ejecutivo, de manera de ir avanzando en la definición de los temas más complejos de la iniciativa para comenzar la votación en particular a principios del próximo mes.

Paz Foitzich, encargada regional de SUBDERE, destacó: “hay aspectos relevantes y de mucho interés para la región, por ejemplo se propone en este proyecto una Unidad de Control en los Gobiernos Regionales, con el objeto de mejorar la transparencia e independencia en el uso de los recursos regionales, por lo tanto cualquier ciudadano, aparte de lo que está en la página de transparencia, va a poder tener acceso a la información de cómo y por qué se usaron los recursos, pero además la unidad de control va a ser coherente con las políticas que hay en este ámbito a nivel nacional. El intendente o intendenta va a tener una facultad nueva, va a poder presentar al Core proyecto a proyecto, cuestión que obviamente mejora la autonomía y la capacidad de gestión que pueden tener los intendentes”.

La titular de Subdere en la región agregó: “un tema que a mi juicio es muy significativo para la región, donde todavía estamos en un proceso de planificación del uso de nuestro territorio, es que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial deja de ser indicativo para pasar a ser vinculante, así que esta comisión de ordenamiento territorial y el plan regional, obviamente reviste una gran importancia porque va a significar también en los próximos meses poder instalar un diálogo permanente con el sector privado, con la ciudadanía, para poder definir cuáles son los ejes estratégicos del desarrollo de nuestra región y cuáles los usos del territorio. Además, esta nueva ley faculta a los Gobiernos Regionales para definir el lugar donde disponer los residuos sólidos, esta es una facultad que hoy está radicada en los municipios y muchas veces no hay acuerdo, por lo tanto como es un tema relevante, con esta ley los GORES van a poder definir dónde se puede localizar la posición final de los residuos sólidos. A esto se suma la identificación de zonas rezagadas, ya que existe un centralismo no sólo nacional sino regional, basta ver el desarrollo de Coyhaique, como capital regional versus el desarrollo del resto de la región, ahora los Gobiernos Regionales podrán debatir sobre la inversión de distintos puntos de la región y también realizar planes estratégicos para cada una de las comunas”.

Cabe destacar, que el Gobierno presentó una serie de indicaciones a la iniciativa para que sean estudiadas por la Comisión Mixta. Estas son las siguientes:

• Perfecciona la Unidad de Control de los Gobiernos regionales a fin de asegurar su transparencia e independencia.
• Intendente asigna recursos proyecto a proyecto y Consejo Regional aprueba conforme a ítem o marco presupuestario, salvo en el caso de aquellas iniciativas que superen un monto determinado, en cuyo caso, la asignación de fondos será potestad del Consejo Regional.
• Se otorga a los gobiernos regionales, a través de sus tres nuevas divisiones, facultades de ejecución para aplicar sus programas propios, así como las competencias que se le transfieran.
• Se establecen criterios objetivos para la transferencia de competencias.
• Se crea un Comité de Ministros para la transferencia de competencias.
• Se crea una Comisión de Transferencia de Competencias con integración regional y de nivel central equilibrada.
• Esta Comisión de Transferencia de Competencias debe consensuar un informe.
• No existe una negativa absoluta a transferir competencias, sino que se fijan observaciones a subsanar por parte de la región para lograr el objetivo de la transferencia, existiendo “acompañamiento” para ello.
• La Comisión puede solicitar informes a terceros.
• Desaparecen modalidades de transferencia de competencias. Se traspasarán competencias de decisión o de ejecución, lo que implica la disponibilidad de recursos y personal, según la necesidad de la competencia a transferir.
• Se contempla como artículo transitorio una primera etapa, donde se transferirán de oficio competencias desde el Ejecutivo, las que serán ejercidas por las divisiones (con capacidad de ejecución), con el objetivo de ir generando las capacidades necesarias. Luego de esta primera etapa, se podrán crear por ley servicios públicos regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme la evaluación de la Comisión de Transferencia de Competencias, la que será convocada anualmente.

Asimismo, se añadieron nuevas competencias y atribuciones legales que asigna el proyecto a los Gobiernos Regionales:

• Plan Regional de Ordenamiento Territorial vinculante y no orientador.
• Facultad de los gobiernos regionales de decidir localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios, en caso que los municipios no se pongan de acuerdo.
• Facultad de identificar zonas rezagadas.
• Fijar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.
• Convenir con los ministerios, servicios públicos, municipalidades y otros gobiernos regionales, programas anuales y plurianuales de inversiones, los que serán obligatorios.
• Nueva regulación de las áreas metropolitanas, estableciendo procedimiento para su creación y nuevas facultades en materias de residuos, movilidad y transporte público, y medio ambiente.

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