El diputado José Miguel Ortiz destacó la aprobación del proyecto de Educación Superior aprobado por la Cámara de Diputados y señaló que la iniciativa permitirá, a contar del próximo año, que la gratuidad en la educación superior beneficie a los estudiantes de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de la población. Indicó que el proyecto plantea también avanzar a otros deciles y alcanzar la gratuidad universal.

“Esta es una reforma tremendamente importante porque garantiza un beneficio financiero a miles de alumnos de universidades y planteles técnicos de educación en el país”, señaló.

Destacó que la iniciativa establece el marco de derechos y principios que regirá al sistema como: diversidad de proyectos educativos, inclusión, participación, respeto y promoción de los derechos humanos, entre otros.

Agregó que la propuesta define el rol y las características de las instituciones de educación superior (IES), es decir, de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica; determina la composición del Sistema y la tutoría que sobre este ejercerá la Subsecretaría de Educación Superior y la fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación Superior. En estos dos últimos casos, se determinan las normas para su creación, atribuciones y estructura.

La iniciativa también redefine al Consejo de Rectores y abre la opción a que este sea integrado por todas las universidades reconocidas por el Estado que lo soliciten, bajo determinadas condiciones.

Luego, se avanza en el sistema común de acceso a las IES, sus características generales y principios; la administración del mecanismo por parte de la Subsecretaría; programas especiales; y carácter obligatorio del instrumento para todas las instituciones que reciban recursos públicos y/o financiamiento estudiantil con la garantía del Estado.

También se regula la forma de organización de las instituciones de educación superior constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (entre otros, controlador, destino de los recursos, órgano de administración superior); y se determinan las normas que regirán el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, las instituciones que lo integrarán y sus funciones.

Entre otras variadas materias, el proyecto determina las coordenadas para el financiamiento institucional para la gratuidad; regula el sistema de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación; y determina cómo se definirán las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad.

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