Diputado Jaramillo por proyecto para regularizar cuarteles de bomberos: “es un reconocimiento a una de las instituciones más respetables del país”

Con la aprobación de la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados, y luego la ratificación de forma unánime por la Sala de la Corporación, se aprobó el proyecto de Ley que busca regularizar la edificaciones propias o en comodato destinadas a los cuarteles de Bomberos, centros de entrenamiento, o casas de cuarteleros que estén en terrenos pertenecientes a la institución.

La iniciativa, para el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Enrique Jaramillo, es de gran utilidad para regularizar las construcciones y poder optar a beneficios que entrega el Gobierno “en el país existe un alto porcentaje de Cuarteles de Bomberos que no poseen permiso de edificación o recepción definitiva por la Dirección de Obras Municipales correspondiente, lo cual mantiene fuera de le ley a dichas construcciones, impidiendo a estos Cuerpos de Bomberos participar en las postulaciones para mejorar sus dependencias mediante subsidios o proyectos de inversión estatal”.

Según explicó Jaramillo, ocurre muchas veces que por razones económicas, o porque el trámite no se realizó oportunamente al momento de la edificación los cuarteles no alcanzan a regularizarse “es sabido que el factor económico es un tema difícil para los bomberos, la falta de recursos complica que se realicen dichas inscripciones, o también ocurre que por crecimiento de la comuna se debe ampliar la dotación y sus dependencias, pero la Planificación Territorial no lo permite, por tanto ahora se hace un reconocimiento a una de las instituciones más respetables del país, que no han podido optar a este tipo de beneficio”.

En Chile se han promulgado las denominadas “leyes del mono”, por ejemplo la Ley N°19.583 y la N°20.251 que han permitido la regularización de diversos tipos de edificaciones, sin embargo, por las dimensiones de los metros construidos no se han considerado a los cuarteles de bomberos o los centros de entrenamiento.

El proyecto establece un plazo de 36 meses regularizar la situación de las construcciones con o sin permiso, y que no cuenten con recepción definitiva o que hayan materializado el cambio de destino de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos del suelo permitidos por los planes reguladores.​

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