Valorando que la presidenta Michelle Bachelet haya realizado una ceremonia para celebrar la puesta en marcha de la Ley N°20.998 que regula y reglamenta el paso de los comités de Agua Potable Rural a Servicios Sanitarios Rurales, promulgada en febrero de este año, y que beneficia a cerca de un millón 700 mil personas, el senador Alfonso De Urresti dijo que “para algunos puede parecer solo una actualización de la normativa del agua potable rural, pero la verdad es que se trata de un gran paso y avance para muchas comunidades del país”.
El parlamentario por Los Ríos indicó que “esta ley fortalece la capacidad de gestión de los APR, fortaleciendo a la vez su carácter participativo y comunitario. La nueva institucionalidad busca además dar un marco propicio para las inversiones que deben realizarse en redes de recolección, en casetas sanitarias y en soluciones de disposición, individuales o colectivas. Por ello fue muy importante contar con la opinión de los dirigentes a lo largo de su discusión”.
De Urresti señaló que “esta iniciativa contiene varias materias de la mayor importancia para el paso de los comités y cooperativas de APR a la creada Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en el MOP, que permitirá concentrar todas las gestiones y trámites que hasta debían realizarse en diferentes servicios. Además, a partir de esta ley, serán estas organizaciones, las administradoras y gestionadoras de los recursos y los proyectos, lo que constituye una importante muestra de confianza del Estado en el trabajo que se ha hecho”.
De Urresti recordó que este proyecto “es una iniciativa surgida en el anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que vino a llenar vacíos legales existentes por décadas, y aunque haya demorado más de lo que los comités y nosotros hubiéramos querido, lo importante es que será una buena ley que beneficiará a miles de comunidades de todo Chile, especialmente rurales, que viven gracias al trabajo de estas cooperativas, lo que en el actual contexto de grave escasez hídrica, es fundamental”.
Finalmente, junto con valorar la activa participación de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru) y otras organizaciones regionales en la discusión del proyecto, el legislador socialista indicó que “para apoyar esta nueva etapa de los APR el proyecto también contempla la disposición de nuevos recursos y fondos que podrán ser utilizados tanto para la capacitación técnica y administrativa de los administradores de los proyectos y sistemas de APR, como para su gestión en beneficio de la comunidad en general”.
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