De acuerdo con el análisis del prestigiado organismo internacional,“tras 20 años de desarrollo en otras regiones, la industria salmonera busca ahora expandirse a las últimas costas vírgenes del país, sin las precauciones debidas. El estudio evidencia que ni las empresas ni el Estado han hecho suficiente para evitar en Magallanes los daños ambientales ya causados en otras regiones del país”.
Como “una grave denuncia que afecta seriamente la imagen internacional de la industria salmonera chilena”, calificó Greenpeace la investigación publicada ayer por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y que en su conclusión más importante advierte que parte importante de las granjas salmoneras en Magallanes han sido autorizadas sin una debida evaluación ambiental.De acuerdo con la prestigiada institución, y al momento de hacer un panorama general de la salmonicultura en Chile, señala: “Tras 20 años de desarrollo en otras regiones, la industria salmonera busca ahora expandirse a las últimas costas vírgenes del país, sin las precauciones debidas. El estudio evidencia que ni las empresas ni el Estado han hecho suficiente para evitar en Magallanes los daños ambientales ya causados en otras regiones del país”.
En efecto, el extenso informe de AIDA –titulado Los riesgos de la expansión salmonera en la Patagonia chilena- advierte que más de la mitad de las salmoneras instaladas en aguas de la Patagonia han generado falta total o parcial de oxígeno en las aguas, incluyendo nueve que están ubicadas en áreas naturales protegidas.
La investigación –que fue elaborada para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt y que analizó 261 proyectos de salmonicultura- incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que las granjas van dejando en las aguas.
“Una de las revelaciones del estudio es que comprueba que, para un mismo sector geográfico, y sin una fundamentación que lo explique, existen grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores”, dice Estefanía González.
Al momento de explicar esta situación, Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, señaló: “Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados”.
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