En una iniciativa pionera en el país, a mediados de 2014 la Municipalidad de Concepción inició la ejecución del Plan de Retiro de Cables Aéreos en Desuso para eliminar lo que constituía un riesgo para la comunidad y, a la vez, una mala imagen como ciudad.

En coordinación con la Compañía General de Electricidad y todas las empresas cableoperadoras con servicios en la comuna, desde entonces a la fecha se ha logrado sacar de los cielos penquistas más de 13 toneladas de basura aérea. Ahora, mientras se prepara una sexta etapa, esta experiencia fue presentada por el alcalde Álvaro Ortiz en el Senado, ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que inició el estudio de un proyecto de ley que busca regular el tendido de cables aéreos en todo el país. “Lo que esperamos es que esto apunte también al soterramiento de estos servicios”, afirmó el jefe comunal.

En la sesión, el jefe comunal detalló la aplicación del plan en la capital del Biobío junto con entregar comentarios y aportes a la iniciativa legislativa que modifica la ley Nº 18.168 General de Telecomunicaciones y que fue presentada por el diputado Osvaldo Urrutia. Actualmente se encuentra en segundo trámite, luego que fuera aprobada en forma unánime por la Cámara de Diputados, y está siendo discutida en la Comisión de Transportes del Senado, instancia que preside el legislador por Concepción, Alejandro Navarro.

El alcalde destacó que el trabajo pionero realizado por municipio en el retiro de cables aéreos en desuso fue muy valorado por los senadores. “Ellos quedaron sorprendidos de cómo fuimos capaces de poder sentar en la mesa a todas las compañías de cable y que el 30 de junio ya vamos a terminar esta quinta etapa para presentar en julio una sexta programación” explicó.

Entre las modificaciones, resaltó que se propone entregar más atribuciones a los municipios para sancionar a las empresas que no retiren los cables en desuso con multas a beneficio municipal que van de 100 a 1.000 UTM y se incorpora a  las compañías de electricidad como responsables de mantener información actualizada sobre las empresas que usan sus postaciones para tener servicios.

Al respecto y de acuerdo con la experiencia local, se consideró como “un acierto extender la responsabilidad a las distribuidoras de energía, que no pueden estar ajenas a lo que suceda en los postes de su propiedad y que arriendan a los cableoperadores, lo que debería ayudar a identificar cuáles son los elementos activos y los inactivos, y se les debiera sancionar también por mantener basura aérea”.

Al mismo tiempo, dijo el alcalde, “se debería orientar a que todas las empresas empiecen a soterrar sus redes por medio de poliductos, seleccionando un área o superficie que coincida con el casco urbano principal de cada ciudad, otorgando un plazo de 10 a 15 años para que bajen sus cables al subsuelo, con costos a su cargo, considerando que en ese lapso recuperarán el gasto que hagan, teniendo en cuenta que el monto estimado del soterramiento es de 350 millones de pesos por cuadra”.

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