Para la seremi Hunter, la prioridad del Gobierno del presidente Sebastián Piñera está en que los estudiantes, docentes y funcionarios estén motivados y enfocados en la calidad de la educación y no en el miedo a una agresión o acto de indisciplina de grupos o personas violentas al interior de los establecimientos.
Tras la firma del proyecto de ley “Aula Segura” firmado por el presidente Sebastián Piñera y la titular de la cartera de Educación, la seremi de Gobierno en Los Ríos Ann Hunter destacó que “era absolutamente necesaria una iniciativa como esta, ya que es básico para las comunidades educativas, realizar y cumplir su labor con garantías de tranquilidad y respeto, necesarias para para proteger el derecho a la calidad de la educación de todos nuestros niños y jóvenes”.
La iniciativa permitirá que las autoridades educativas puedan sancionar de inmediato a los alumnos que cometan faltas como el uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas o agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes y otros miembros de la comunidad.
En dicha situación, los alumnos serán separados del establecimiento educacional, mientras que el Ministerio de Educación deberá reubicarlo y adoptar medidas de apoyo. Así, el Proyecto de Ley busca armonizar tres derechos fundamentales: a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa; al debido proceso y a la educación del estudiante sancionado.
“Estamos proponiendo a los ciudadanos de nuestra región un proyecto que nos permita asegurar la tranquilidad, la paz y el clima adecuado para que nuestros jóvenes, docentes y comunidad educativa en general puedan aprender, y enfocarse en lo importante, que es seguir fortaleciendo la calidad de la educación y el prestigio de sus establecimientos educacionales. Lo anterior, lo recalco pues el Gobierno del presidente Sebastián Piñera está preocupado por resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad escolar, y proteger el derecho a la educación”, enfatizó Hunter.
DERECHO A EDUCACIÓN
Con este proyecto de ley, se buscará fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.
La seremi Hunter puntualizó al respecto que “las medidas sancionatorias que deberá cumplir el alumno, en ningún caso vulnerarán su derecho a la educación, ya que el proyecto contempla un proceso de reubicación en otro establecimiento educacional. El Ministerio de Educación dispondrá, además, de un programa de apoyo psicosocial para el estudiante expulsado”.
Asimismo, en caso que se decida la expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa, el director deberá comunicar por escrito la decisión de expulsión, junto con sus fundamentos, al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días.
Marcelo Dumuihual Altamirano – Comunicaciones SEGEGOB Los Ríos
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