Así lo señalo el Diputado Harry Jürgensen del Distrito 25 al revisar las declaraciones surgidas en las últimas horas en torno al informe emanado por la Contraloría General de la República y que emite pronunciamiento en relación a la renovación de contrato, sin licitación alguna, por la concesión de estacionamientos en Puerto Varas, instruyendo la implementación de un procedimiento disciplinario contra el municipio portovarino.
La empresa concesionaria se adjudico en mayo del 2009 la administración de 293 estacionamientos por un lapso de dos años debiendo cancelar por dicha operación $1.550.500 mensuales, con un total a enterar de 37.200.000 al final del periodo adjudicado. Servicios por los cuales cobraban en promedio $200 pesos la media hora hasta el año 2014 y a partir del 2014 la cantidad de $300 pesos también por media hora y por cada estacionamiento.
Revisado los antecedentes este organismo contralor indico una series de observaciones y cuestionamientos a la oferta de la empresa como el no especificar la contratación de mano de obra local, hecho que significaba un porcentaje de 30% de ponderación a la hora de evaluar la adjudicación y que el municipio debió considerar si tenía como criterio la búsqueda de empresas que entreguen al menos opciones ventajosas en cuanto a mano de obra local para la comuna, tal cual se estipulaba en las bases. Situación que la empresa no cumplió y el municipio no exigió por lo que la Contraloría establece que la licitación en cuestión no se habría ajustado a derecho.
De igual forma el órgano contralor llama la atención en base a las sucesivas renovaciones de contratos con la empresa cuestionada, hecho que estaba condicionado desde el municipio por una única vez con respaldo de la mesa del concejo, punto que fue reafirmando ante la consulta de otros oferentes. Sin embargo, a pesar de lo estipulado, la empresa siguió como adjudicataria no procediendo tal hecho pues tales acciones entran en pugna con el sistema de licitaciones públicas y vulnera el principio de igualdad ante la ley al renovar un contrato primitivo y descartar nuevos procesos licitatorios.
En cuanto a la ausencia de modificaciones tarifarias, ajustes de cobros y reajustes de precios hacia la empresa en cuestión el Diputado Jürgensen no quiso calificar de irregular el proceso y prefirió aceptar la calificación de la contraloría como “errores en la determinación de reajustes” ocurridos principalmente entre enero del 2015 y mayo del 2018 lo que contribuyeron para que el municipio deje de recibir $32 millones 875 mil pesos y que la empresa deberá enterar lo antes posible con copia del pago a Contraloría.
Todos hechos que dejan de manifiesto que la Municipalidad de Puerto Varas no actuó ni con eficacia ni con eficiencia, ni mantuvo un actuar idóneo en la administración de los medios públicos, según indica el informe de Contraloría por lo que deberá efectuar una nueva licitación pública e informar de su desarrollo lo antes posible y aplicar los sumarios correspondientes a quienes sean considerado responsables de este proceso .
“Todas resoluciones adoptadas por la contraloría que distan bastante de pugnas, luchas internas o cualquier otro calificativo que busquen desperfilar la labor fiscalizadora que como parlamentario me corresponde y para la cual he sido electo”, señalo el Diputado Jürgensen
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