El Senador de Magallanes, Carlos Bianchi lideró la presentación de un proyecto de acuerdo junto a una veintena de parlamentarios en el que solicitan al Contralor General de la República efectuar una profunda fiscalización del respeto por parte de los órganos del Estado, del principio de “confianza legítima” establecido en el Dictamen N° 6.400 para todos los trabajadores del sector público sujetos al régimen de contrata

La Contraloría General de la República ha establecido por dictamen 6.400  de 2018  que cuando una contrata o su prórroga, ha sido dispuesta con la citada fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado.

Lo anterior según dicho dictamen exige que la superioridad emita un acto que contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que sustenta de modo que de su sola lectura se pueda conocer cuál fue el raciocinio para ello y sin que la mera referencia formal de los motivos invocados por la autoridad sea suficiente para satisfacer tal condición.

En este contexto, el senador Bianchi, dijo que “el dictamen señala que tampoco basta la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión, respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida respecto de la persona afectada.”

Ha sido de conocimiento del Senador Bianchi,  que en diversas instituciones del Estado, se están provocando términos de las contratas sin cumplir con los requisitos exigidos por el Dictamen 6.400 y vulnerándose absolutamente lo establecido en el citado dictamen en lo referido al denominado principio de “confianza legítima”.

Así ha sido el caso en la Región de Magallanes de servicios públicos tales como la Secretaria Regional Ministerial del Deporte, la de Gobierno, y el Servicio de Vivienda y Urbanismo.

Por lo anterior es que “Hemos solicitado al órgano contralor, una efectiva fiscalización para todo el país, pero en especial para la Región de Magallanes y su Gobierno Regional, del cumplimiento y respeto del principio de “confianza legítima” que exige que la no renovación de una contrata extendida por más de dos años deba necesariamente ser fundada, y en caso de no existir dicha fundamentación la contrata necesariamente debe ser renovada por el servicio público respectivo.”

Además ha solicitado que se fiscalicen todas y cada una de las desvinculaciones efectuadas en diversos organismos de la Administración del Estado ,a fin de que se certifique que en dichas desvinculaciones, se han cumplido con las exigencias que establece el Dictamen 6.400 en relación al personal a contrata.

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