Pensiones e indemnizaciones según cada caso exigen trabajadores pesqueros para quienes queden cesantes

Buscan prevenir graves efectos sociales por impacto de cambios legislativos

Una Plataforma Social, de cinco puntos , para hacer frente a la cesantía en que quedarán trabajadores dependientes de la pesca industrial, como resultados de cambios legislativos aprobados y en debate, presentaron esta mañana al gobierno organizaciones sindicales de la Región del BiobÍo. El gobierno entregará su respuesta el próximo 27 de este mes a las 10 horas.

El documento, que comienza con tres páginas de un riguroso análisis de la situación, fue entregado al subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme y será revisado en la Mesa Interministerial para el tema,  que integran Economía y Trabajo. En representación del sector laboral participan la Federación de Trabajadores de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera, Fesip; los Sindicatos Interempresa de Oficiales Motoristas MMN; de Oficiales Patrones de Pesca de Naves Especiales y Regionales MMN; de Trabajadores Tripulantes de Naves Sardineras de la Provincia de Concepción; de Tripulantes de Barcos Arrastreros y PescaPyme que representa a los trabajadores de medianas y pequeñas de servicio a la industria pesquera.

Los trabajadores proponen diferentes mitigaciones según situación del afectado y causa del desempleo.

El Plan

Consideran las organizaciones sindicales que la forma más eficiente y real de mitigar la situación de los trabajadores es la jubilación con intervención directa del Estado para aquellos que acumulen más de 10 años de labor y, que estas sean calculadas con las rentas percibidas en los últimos 12 meses efectivamente trabajados.

Subrayan que el Plan de Mitigación debe estar a la altura del daño causado no solamente en lo económico sino también en la vulneración de la dignidad de trabajadoras y trabajadores.

Destacan que los trabajadores del sector pesquero industrial se emplean de manera formal, con  contratos de trabajo y por tanto son cotizantes del sistema previsional y cuentan con contratos o convenios colectivos con sus empleadores. En el ítem pensiones diferencian a los trabajadores con más de 50 años de edad y los menores de eso, para plantear cálculos de montos diferenciados.

Proponen que a todos los trabajadores que sean cesados durante la vigencia de la ley se  otorgue indemnización por los años de vigencia de las cuotas de pesca de acuerdo a sus contratos colectivos o individuales. Financiar matrículas y aranceles para ellos y sus hijos en carreras técnica o universitarias por el tiempo que éstas duren.  Y el pago total de deudas hipotecarias que mantengan al momento de ser despedidos.

En relación a las licitaciones, que es una de las propuestas de la Ley Corta, indican que en el caso que las haya para  los recursos sobre los cuales habitualmente opera la industria pesquera, deberá crearse un Reglamento Social Laboral que proteja los intereses de los trabajadores, principalmente asegurando la continuidad de los empleos y los derechos establecidos en los contratos individuales de trabajo y convenios o contratos colectivos por el tiempo que los recursos sean licitados.

Respecto del caso específico de los trabajadores que operan sobre la jibia la petición es que para quienes laboran embarcados, personal de apoyo y tierra, trabajadores de plantas de proceso y todos los que sean afectados por la aplicación de la Ley Jibia, haya medidas de mitigación y se les cancele el desmedro en sus remuneraciones, conforme al promedio de los últimos dos años de renta.

Prevenir grave problema social

El Plan de Egreso que elaboraron los Trabajadores dependientes de la Industria Pesquera consigna que el escenario laboral para el sector  es completamente negativo, considerando anuncios de la autoridad administrativa y decisiones de congresistas que incorporan medidas sin aceptar siquiera el debate con los trabajadores. A los efectos de cesantía que prevén provocará la Ley Jibia se agrega la incertidumbre por la Ley Corta, en debate, y consideran que la Plataforma es necesaria y urgente para prevenir los impactos de la cuarta intervención en la Ley de Pesca en los últimos 18 años.

Recordaron que cada vez que ha habido cambios en la ley se ha reducido la dotación de trabajadores pescadores industriales y operarios de plantas y que, además, el fraccionamiento de las cuotas se ha ido reduciendo para el sector y, obviamente, también se ha reducido la mano de obra.

“Dejamos claramente establecido que, con o sin crisis pesqueras, con bajas en las capturas, disminución en la participación entre subsectores, con o sin licitaciones, etc., nuestra labor ya es complicada y, por todo lo expresado y en justicia es necesario el apoyo de la autoridad, para quienes terminan afectados en su único y más preciado capital económico como lo es el trabajo”, puntualizaron las organizaciones firmantes. No, sin reiterar que la intención y deseo de todos es poder seguir trabajando, pero conscientes que habrá quienes no podrán y para ellos se busca la mitigación de un desempleo provocado por cambios legislativos y administrativos.

Recommended
Los días 7 y 29 de enero, en las ciudades…