A las 10.00 horas de este viernes 22 de marzo 2019, en la Contraloría Regional Biobío, ubicada en calle O’Higgins poniente N°74, de la comuna de Concepción, el diputado por el distrito 20, Leónidas Romero, acompañado de la Concejala Carmen Madinagoitía, solicitará al Contralor Regional investigar posibles irregularidades en los cobros ante el SERVIU Biobío de subsidios de Programas de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) por parte de la EGIS Municipal de Coronel y que favorecen a Empresa Constructora.
Los Programas de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF), que dirige el Ministerio de Vivienda, consiste en la asignación de subsidios de Mejoramiento de las Viviendas a familias vulnerables y de sectores emergentes. Estos subsidios se postulan a través de Empresas de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS) o Entidades Patrocinantes (EP), como es el caso de la que administra el Municipio de Coronel y cuyo representante legal es el Alcalde Boris Chamorro. En éste contexto, El Diputado Romero señaló que: “desde el año 2017 en adelante, asume la dirección de la EGIS Municipal, la funcionaria Bania Chamorro Zambrano, de quien ignoro si será pariente del señor alcalde, a pesar de que ella así lo manifiesta públicamente”.
A partir de ese año, la EGIS Municipal postuló diversos proyectos a SERVIU, ligados a la Empresa Constructora NJP SpA, RUT 76.688.625-6, la cual se inscribió ante la SEREMI de Vivienda el mismo año 2017, según RE N° 592, siendo su representante legal el Sr. Pedro Antonio Pereira Toro, quien anteriormente era representante legal de la empresa constructora Pedro Pereira Toro Construcciones, RUT 76.340.011-5, la cual fue eliminada de los registros del MINVU, por diversas razones.
Según lo señalado por Romero, “he tomado conocimiento, que el SERVIU Biobío, habría iniciado un sumario, por falsificación de Certificados de Recepción Municipal Definitiva de Obras Menores de Viviendas Sociales, presentados por la EGIS Municipal de Coronel, representada legalmente por el alcalde Boris Chamorro para cobrar subsidios ejecutados justamente a la Empresa Constructora NJP SPA. Los certificados cuestionados, serian alrededor de 145 en un principio, que totalizarían montos cercanos a $400 millones y corresponderían a los proyectos de Ampliación Los Chiflones 1,2,3,4 y 5 de la comuna minera”.
Dada la gravedad de la situación, el diputado Leónidas Romero junto a la concejala Madinagoitia, solicitan a la Contraloría “realizar una profunda investigación de los hechos descritos, considerando investigar también el actuar de funcionarios municipales a cargo, la Dirección de Obras Municipales emisora de estos certificados, funcionarios de SERVIU que participaron como supervisores de las obras y todo aquel que pudiese resultar responsable de esta situación en términos administrativos, técnicos y financieros, tanto en el Municipio de Coronel, como de SERVIU. En el caso que se determine la ilegalidad por la actuación de los funcionarios públicos sea cual sea el cargo que ostenten, se deben iniciar los sumarios administrativos correspondientes y de ser necesario, se dé curso a los juicios de cuenta y se derive lo denunciado a los organismos legales pertinentes”.
“Esto se debe investigar caiga quien caiga”, señalo categórico el diputado Romero.
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