Dejar atrás limitantes que impedían que las víctimas más vulnerables de nuestra sociedad obtuvieran justicia. Esa es la idea del proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que se tramita en el Congreso y, que hace dos semanas atrás, se anotó un importante paso adelante cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la despachó en su totalidad, lo que permitirá que ahora se discuta en la sala. Antes, en el Senado, fue aprobado por unanimidad y, por eso, esperamos que pronto sea ley.
Se trata de un proyecto políticamente transversal (incluyendo iniciativas de senadores y diputados) y con gran apoyo de la sociedad civil, que garantiza un oportuno acceso a la justicia a las víctimas de estos delitos, sin estar limitadas por los plazos de prescripción para perseguir penalmente a los agresores. Como se comprobó durante la discusión del proyecto, gran parte de las víctimas demoran mucho tiempo en estar preparados para denunciar, incluso tardan años en sólo tomar conciencia de su carácter de víctimas. La legislación actual no contempla esa particularidad y sólo les concede entre 5 y 10 años desde que cumplen la mayoría de edad para acudir a tribunales. Este proyecto elimina esa limitación y da un tiempo indeterminado para que la víctima de ciertos delitos sexuales cometidos en su contra antes de los 18 años pueda denunciar e iniciar un proceso penal.
El proyecto también permite ampliar la posibilidad de ejercer acciones civiles para una reparación adecuada, tanto contra quienes cometieron el delito como contra terceros responsables por el hecho ajeno, como sería el caso de instituciones que encubran estos delitos
Esta ley forma parte de una agenda global en materia de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. También están consideradas la implementación de la ley de Entrevistas Videograbadas a menores de edad víctimas de abusos sexuales (a contar del 2 de octubre de este año); el perfeccionamiento del Registro de Ofensores Sexuales (ya aprobado por unanimidad en primer trámite) y la exclusión del Beneficio de Rebajas de Condenas a Agresores Sexuales (que se presentará en los próximos días).
Sergio Vallejos Carle, Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío
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