Diputado Hernández valora proyecto para retiro de cables aéreos en desuso

Iniciativa establece obligaciones para empresas, además de procedimientos y sanciones para los infractores.

Por unanimidad, con 129 votos a favor, se aprobó en la Cámara el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en cuanto a regular el tendido de cables aéreos, lo cual fue calificado por el diputado Javier Hernández como “necesario no solamente por estética urbana de las ciudades sino por el riesgo de accidentes para las personas.

El legislador intervino en sala, mencionando que “este proyecto es una respuesta a la poca conciencia que existe por parte de las empresas en cuanto al problema de los cables en desuso y el riesgo que estos representan para las personas, razón por cual debemos establecer con sentido de urgencia un sistema de responsabilidad como el que propone esta iniciativa.

En el proyecto se considera que concesionarias y permisionarias que tengan líneas aéreas o subterráneas de servicios de telecomunicaciones del tipo líneas, cables, ductos, crucetas, anclajes, tirantes, cámaras, cajas de control y cualquier otro elemento perteneciente a la red serán responsables de su adecuada instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro.

Esto, conforme a la obligación legal de contar con planes de gestión y manejo de redes. Estos planes deben dictarse en un plazo de 90 días, contado desde la publicación de esta norma como ley, y la regla se extiende a las instalaciones de tales artefactos, incluidos los adosados exteriormente a edificios, en condominios de viviendas sociales, explica Javier Hernández.

El parlamentario detalla que los elementos que hayan dejado de ser utilizados para la finalidad del servicio autorizado serán calificados como desechos, debiendo ser retirados por la respectiva concesionaria o permisionaria a su costa, en el lapso y de acuerdo a los criterios, procedimientos y mecanismos de resolución de discrepancias establecidos en la norma técnica, la que podrá contemplar planes de retiro y ordenación programados y coordinados con las autoridades comunales y regionales

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