Afaeb sobre irregularidades del PAE: solicitamos a la ciudadanía ejercer control social sobre el Programa de Alimentación Escolar

Mediante comunicado público, que reproducimos a continuación, la directiva nacional AFAEB dio a conocer durante esta semana su posición.

En relación a las irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) detectadas en el cobro de multas por el incumplimiento de las empresas proveedoras de servicio de alimentación y el deficiente proceso de medidas de control institucionales para dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en la licitación ID N°85-15-LR17, como Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (AFAEB), declaramos lo siguiente:

La gestión institucional a cargo del director, Sr. Jaime Tohá Lavanderos, se ha caracterizado por la debilitación de las áreas de control y supervisión programáticas, mediante la desvinculación y marginación de profesionales técnicos de vasta experiencia y especialización, transgrediendo principios éticos de la administración pública como la eficiencia en la utilización de recursos institucionales, tanto humanos como materiales, afectando que los resultados de la gestión no sean de excelencia.

La actual administración ha apostado por instalar prácticas colaborativas con las empresas proveedoras para la supervisión del Programa de Alimentación Escolar, con instancias de coordinación, plazos amigables para la mejora de las situaciones detectadas, tratando de superar la lógica tradicional y sancionadora de los procesos.

Ninguna empresa con responsabilidad social y ética permitiría entregar alimentos en tan mal estado ni albergar ratones en sus bodegas.

Asimismo, el debilitamiento de las funciones de supervisión, manifestado en la baja dotación y recursos de apoyo para su realización, como el cambio en la modalidad de supervisión de la última licitación, que busca reducir al mínimo las multas, en lugar de mejorar su normativa y cobro, demuestran que el interés institucional ha estado en debilitar el rol fiscalizador y garante del Estado, favoreciendo el gigantesco y rentable negocio que las empresas tienen en torno a la alimentación escolar.

Durante los últimos años el departamento de Alimentación Escolar ha tenido una sorprendente inestabilidad en su conducción, estilos de liderazgo y organización del trabajo y funciones, así como la desvinculación de 6 de sus funcionarios en noviembre de 2018. Actualmente, la jefatura radica en Lorna Villalobos, quien a su vez es Jefa del Departamento de Logística, lo cual refleja la grave crisis que enfrenta la institución al no contar con una gestión eficiente y eficaz que garantice el recurso humano idóneo.

Recientemente la institución externalizó el cobro de multas del Programa de Alimentación, lo cual se concretó a través de un trato directo.

Es indudable que la Junaeb sigue apostando por externalizar procesos sensibles que no deberían ser delegados, puesto que no tiene la capacidad organizacional para garantizar que los procesos sean llevados según los estándares que exige el Estado y así entregar una buena prestación del servicio para los estudiantes más vulnerables de Chile.

Reconocemos y valoramos las innovaciones que ha impulsado la institución, sin embargo, no podemos estar de acuerdo con el uso excesivo de la imagen del Director Nacional en medios de comunicación y utilización de viajes al extranjero para mostrar dichas iniciativas; mientras que en diversos puntos de país, existen bodegas con ratones, alimentos en mal estado, problemas de abastecimiento, denuncias por maltrato y acoso laboral, entre otras problemáticas, que mantienen a la institución en crisis.

Diversos actores en el país han denunciado las deficiencias en la entrega del Programa de Alimentación Escolar, señalando que no se cumple con el índice de manipuladoras, la existencia de problemas de abastecimiento, entrega de alimentos envasados por sobre el 30% permitido, además de otras irregularidades como la inclusión de incentivos en sus contratos colectivos por porcentaje de certificación, además de evidenciar prácticas antisindicales.

Como institución pública clave en materia de ayudas estudiantiles, donde el Programa de Alimentación Escolar es el más reconocido por la ciudadanía por su impacto social, es obligación de la institución asumir su responsabilidad en el abordaje frente a las problemáticas presentadas por el ente contralor y garantizar que las empresas proveedoras del Servicio de Alimentación Escolar cumplan con los estándares esperados y dispuestos en las bases de licitación. 

Como representantes de los funcionarios exigimos a las autoridades de Gobierno tomar las acciones para poner a “los niños primero”, fortaleciendo la institucionalidad pública, especialmente en sus roles de control, supervisión y fiscalización, poniendo a la cabeza de las instituciones a directivos que sean garantes de los derechos sociales y no de los intereses empresariales.

Finalmente, solicitamos a la ciudadanía ejercer el control social sobre el Programa de Alimentación Escolar, una iniciativa que lleva más de medio siglo de historia que nos enorgullece como país y trabajadores, y que ha sido clave para el proceso educativo de miles de niños y niñas de nuestro país.