Adultos mayores y focalización del gasto público

Director de la Escuela de Derecho de la UST, sede Concepción, Rodrigo Ruiz.

Es indudable que el sostenido crecimiento económico de Chile en las últimas décadas ha venido aparejado con múltiples desafíos propios de países que comienzan a alcanzar ciertos niveles de desarrollo.

Uno de ellos es el envejecimiento de la población y sus consecuencias. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, hacia el año 2050, la esperanza de vida en Chile será de 83,2 años para los hombres y 87,8 años para las mujeres, lo que constituye un claro ejemplo del proceso de envejecimiento de la población, que se traduce en un menor número de nacimientos y en una creciente población de adultos mayores, específicamente la población de 65 años y más, que representará el 25% de la población en el año 2050.

Mejorar el sistema de pensiones, lidiar con un mercado laboral más reducido o diseñar un nuevo sistema de salud enfocado en los adultos mayores son sólo algunos de los desafíos que Chile debe afrontar, resolviendo los problemas inmediatos, pero también planificado a mediano y largo plazo.

En esta línea, el Gobierno promulgó una ley que establece la atención preferente para adultos mayores y con discapacidad en el sistema de salud pública. Esto permitirá una mejor y más expedita atención en las distintas etapas del tratamiento: ingreso al sistema, consulta con especialistas, entrega de recetas y medicamentos, toma de exámenes, etc.

La medida apunta en la dirección correcta, pues la focalización de los recursos en la población más vulnerable debe ser un pilar en el desarrollo de políticas públicas a nivel nacional y regional. Aunque todos quisiéramos que el sistema de salud mejorase en su totalidad, resulta evidente que la escasez de recursos (salud no es la única área prioritaria) obliga a establecer una escala de urgencias sociales.

Tomando en cuenta los datos ya expresados, creemos que los problemas relacionados con la vejez deben estar en la cúspide de dicha escala. Esperemos que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales continúen en esta senda, abarcando otros problemas que asolan a nuestros adultos mayores (precio de los medicamentos, pago excesivo de contribuciones, etc.) y planificando políticas públicas que se anticipen a los desafíos del futuro de forma responsable.