Se requiere investigar, además, si esos pagos fueron a parar a los bolsillos de algún privado (persona natural y/o jurídica) o de funcionarios públicos”, situaciones “que inciden en un perjuicio al patrimonio fiscal”.
Hasta el Juzgado de Garantía de calle Los Carrera, llegó el pasado lunes el Director del Servicio de Salud Osorno (SSO), Marcelo Larrondo, acompañado por el jefe del Departamento Jurídico del SSO, Gonzalo Arroyo, para interponer una querella criminal en nombre de la institución, en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores (ya sea por acción u omisión) por los eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y /o soborno.
Esta acción judicial responde a que, una vez que asumió la actual administración del SSO, se detectaron aparentes irregularidades referentes a algunas partidas de los proyectos de reposición de los Hospitales de Misión San Juan y de Quilacahuin.
Según detalla la reclamación, se detectaron “pagos de elevadas sumas de dineros por supuestas obras, pero que nunca fueron ejecutadas por la empresa contratista”.
El texto agrega que “estos pagos por partidas pagadas, pero no ejecutadas, más multas no cobradas, han provocado un perjuicio fiscal que, según estos antecedentes preliminares, bordean los $160 millones de pesos. Se requiere investigar, además, si esos pagos fueron a parar a los bolsillos de algún privado (persona natural y/o jurídica) o de funcionarios públicos”, situaciones “que inciden en un perjuicio al patrimonio fiscal”.
Por tales motivos, a mediados del año 2018 la actual administración del SSO presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que tomara conocimiento de los hechos.
Según comentó el director Larrondo, “era importante clarificar, ya que son fondos estatales y necesitamos completar el ciclo de estos proyectos que aún no han sido dilucidados, y la querella le daría más fuerza y celeridad a la investigación, complementando la denuncia que ya fue ingresada el año pasado”.
El director del SSO agregó que “lo que queremos con esta querella es poder determinar exactamente la gravedad y definir quiénes fueron los responsables, si es que la investigación determina que hubo irregularidades”.
Investigación
Por su parte, el jefe del Departamento Jurídico del SSO, Gonzalo Arroyo, precisó que “el Ministerio Público inició una investigación que está actualmente en trámite, pero como era sólo una denuncia, era menester complementar con esta querella, para como Servicio de Salud pasar a ser parte interviniente, poder pedir diligencias y que se nos notifiquen las resoluciones que se vayan dictando en este proceso. Es de vital importancia, porque estamos hablando de una gran cantidad de fondos públicos que es necesario investigar si fueron bien invertidos o no”.
El abogado explicó que “esto corresponde a las obras de los Hospitales de Quilacahuin y Misión San Juan, los que fueron inaugurados y puestos en marcha a principios del año 2018, antes del mes de marzo”, detallando que “la Fiscalía, cuando se hizo la denuncia el año pasado, oficia al Consejo de Defensa del Estado y este nos empieza a pedir una serie de antecedentes, todos los cuales han sido entregados oportunamente, de manera tal que el Consejo de Defensa del Estado está en conocimientos de estos hechos”.
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