Diputada Joanna Pérez emplaza al Gobierno por violencia rural: pide delegado especial y mesa de trabajo en Arauco

A través de una carta enviada al Ministro Andrés Chadwick, la diputada DC por la región del Bíobio , Joanna Pérez (DC) emplazó al Gobierno a “enfrentar con medidas eficientes e integrales, la compleja situación que se vive en la zona de Arauco debido al aumento de la violencia rural“.

La parlamentaria y Vicepresidenta de la DC,  calificó la respuesta del estado como “débil” agregando que “no ha estado a la altura de lo que se requiere para la Provincia de Arauco, las personas se sienten abandonadas, sienten que el gobierno ha sido indolente y el tema afecta tanto a los habitantes de la zona como a las propias comunidades indígenas”.

En la misiva, la diputada, junto con detallar la situación actual, demanda “poder contar con un delegado presidencial civil en esta zona, que se dedique exclusivamente a esta materia, para que facilite el diálogo y las acciones tendientes para contribuir a disminuir la tensión y busque soluciones a este conflicto“

A lo anterior, agregó que “pedimos, también, una mesa de diálogo  y acciones con todos los actores, se debe visibilizar este problema,  es necesario que el gobierno regional y nacional  se enfoquen en estos temas esenciales y no solo en acciones de protocolo, inauguraciones, anuncios de proyectos o programas públicos, que sin duda son necesarios, pero mientras exista cesantía, inseguridad, tráfico de drogas, vulnerabilidad, pobreza, conflicto étnico, violencia gatillada por una gran desigualdad social, territorial y económica, no podremos avanzar,  por lo que las expectativas de todos es generar un trabajo integral, trasversal y de fondo.  Sé que todos los gobiernos se lo han impuesto, y he sido testigo de la creación de estos planes, pero siento que no se ha avanzado, más bien estamos en un punto o momento crítico.”

Joanna Pérez señaló, además, que “hoy se ha llegado a un punto crítico en la escalada de eventos, por un lado las comunidades Mapuches reclaman que se usa el personal policial para resguardar las propiedades de privados y forestales, además de estancar la recuperación territorial con la instrucción dada a CONADI de no comprar tierras en conflicto; las comunidades también reclaman la gran presencia de forestales que dañan el medioambiente y que no respetan a las comunidades cercanas a sus plantaciones. Y, por otro lado, se encuentran los microempresarios, Pymes y pequeños comerciantes, que si no han sido afectados por atentados, sus negocios han tenido una gran baja de ventas, han tenido que despedir a sus empleados, se encuentran endeudados y preocupados por el futuro incierto que les espera. Por último, se encuentra el ciudadano común, aquel que se encuentra cesante, que observa con desolación las dificultades a las que se enfrentan para poder mantener a su familia y calidad de vida.”

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