El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rodrigo Cerda, explicó lo acontecido en la resolución del recurso de protección presentado los apoderados del colegio Charles de Gaulle de la ciudad en contra la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, que calificó favorablemente la declaración de impacto ambiental del megaproyecto inmobiliario “Ciudad del Parque”, sin abrir un procedimiento de participación ciudadana.
Esto luego que la Primera Sala del tribunal de alzada penquista, el pasado lunes 30 de septiembre, tras revisar las inhabilidades, quedó integrada por los ministros Valentina Salvo Oviedo, Yolanda Méndez Mardones y el abogado (i) Waldo Ortega Jarpa, declarándose admisible el recurso y acogiéndose la orden de no innovar (ONI), con voto en contra de la ministra Méndez.
No obstante, el miércoles 2 de octubre, la sala anuló dicha resolución porque en su firma electrónica aparecía integrando la ministra Matilde Esquerré Pavón, inhabilitada en esta causa.
Lo anterior derivó es que se formara nueva sala, no inhabilitada, que no hubiera conocido la causa con anterioridad, la que quedó integrada por los ministros Fabio Jordán Díaz, Camilo Álvarez Órdenes y el abogado (i) Carlos Céspedes Muñoz, la que junto con declarar admisible el recurso de protección, rechazó de manera unánime la ONI por no existir antecedentes suficientes que la justifiquen.
Producto de lo anterior, el presidente Cerda ordenó una investigación sobre lo ocurrido, cuyos resultados llevará al pleno de ministros del lunes 7 de octubre, para definir los pasos a seguir.
“Yo, como presidente, he decretado una investigación sumaria e informal para recabar los antecedentes y hacerme una idea y luego llevarlo documentadamente al pleno para que el lunes decida si se hace una investigación profunda en busca de responsabilidad administrativa o se da una instrucción administrativa para que no vuelva ocurrir este error”, expresó.
Además, el presidente Cerda solicitó disculpas a los miembros de la comunidad afectados por esta situación.
“Cada error que nosotros cometamos debemos enmendarlo y dar las explicaciones respectivas y pedir las disculpas si algún efecto de ello se genera. En este caso, hubo consecuencias jurídicas por dejar sin efecto la resolución del lunes 30 de septiembre y dictar una nueva en reemplazo -como que fuera la primera- el miércoles 2 de octubre”, puntualizó.
El presidente Cerda comentó que durante la jornada recibió a uno de los abogados de los recurrentes quienes le manifestaron su disconformidad por lo ocurrido pudiendo presentar un recurso de reposición dentro de los próximos días.
“Toda reposición o invalidación de oficio debiera venir desde la primera sala por ministros no inhabilitados o por aquellos ministros que en dicha sala generaron la invalidación de la resolución del lunes 30 de septiembre”, complementó.
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