El parlamentario por la Región del Biobío señaló que el Senado debe pronunciarse respecto a los parlamentarios que tendrían derechos de agua y que pese a ello, votaron en contra el proyecto de Reforma Constitucional que buscaba nacionalizar el agua para todos los chilenos y chilenas.

“Votaron en contra, pese a tener directa o indirectamente participación en sociedades que se benefician de la extracción del agua. Y con sus votos, el agua sigue siendo privada”, manifestó el senador Alejandro Navarro ante la información sobre al menos cuatros senadores de Chile Vamos que poseen derechos de agua.

El parlamentario progresista ahondó: “de comprobar el Senado que algunos de quienes votaron en contra de nacionalizar el agua, tienen efectivamente derechos y se benefician económicamente por el agua, sería un acto arbitrario, pues debieron haberse inhabilitado”.

“Por ello junto a mis abogados estamos evaluando las opciones para dejar inválida su votación, por medio de una acción de Nulidad de Derecho Público, debido a que han quebrantado el Artículo 5°B de la Ley Orgánica del Congreso, el que establece: Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”, explicó Navarro.

El senador por la Región del Biobío recordó que esta Reforma Constitucional, “tiene por objeto consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”.

El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado agregó que, “el que estos senadores con derechos de agua hayan votado no solo es falto de ética, sino que raya la ilegalidad e inconstitucionalidad, y confirma el poder que tiene una minoría, un tercio, sobre los dos tercios que representan lo que quiere Chile, esto es, que se consagre constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público”.

Navarro finalizó señalando que, “aunque la derecha quiere mantener los ⅔ en la Nueva Constitución, el pueblo no los dejará, la gente se seguirá manifestando en marzo, en abril, para que quienes debatan en la Asamblea Constituyente lo hagan con la confianza de que se aprobará un texto que interprete a la mayoría y que no pueda ser vetado por una minoría retrógrada y que quiere mantener el status quo, la desigualdad, la impunidad, la eterna corrupción”.

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