En Chile en total se extrajo 1.200 kilómetros de cables aéreos y la meta a diciembre de 2020 es sacar 2.000 kilómetros. Se espera retirar 3 mil kilómetros cuando finalice el gobierno del Presidente Piñera a marzo de 2022.

Con la Ley #ChaoCables promulgada en agosto de 2019, se estableció que las concesionarias y permisionarias son las responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos.

Durante la jornada de este jueves la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, junto a la subsecretaria Pamela Gidi, realizaron un balance nacional del retiro de cables en el país durante el año 2019.

En total fueron 1.200 kilómetros y en la Región del Biobío, 25 mil metros los extraídos el año pasado “como ministerio conocemos la importancia que tiene para la comunidad de las distintas ciudades de la Región del Biobío, que sus espacios públicos estén libres de contaminación visual”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jaime Aravena.

“Los cables en desuso atentan contra eso, convirtiéndose en un posible foco de delincuencia, pues estos tienden a bloquear las luminarias en la noche, y también de inseguridad porque recargan los postes que sostienen los tendidos eléctricos”, agregó.

La autoridad detalló que para lograr extraer 3 mil kilómetros cuando finalice el gobierno del presidente Sebastián Piñera “debemos seguir promoviendo mesas de trabajo con las municipalidades, para que así estos objetivos puedan ser cumplidos, puesto que van en directo beneficio de la calidad de vida de todos los ciudadanos”.

Cabe mencionar que el incumplimiento de parte de las empresas de lo señalado en la normativa, será sancionado de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (cerca de $50 millones).

En el caso que los operadores de telecomunicaciones no procedan al retiro requerido dentro del plazo determinado (no superior a 5 meses) los municipios podrán retirar estos escombros a costa de los mismos, según el procedimiento que se instaure.

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