La comuna de Punta Arenas se encuentra en cuarentena total y obligatoria hasta el 23 de abril, por lo tanto, el llamado para los funcionarios es a seguir respetando dicha cuarentena realizando trabajo remoto.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Magallanes, ve con preocupación que a los directores de servicios como el Registro Civil, FONASA y JUNJI, se comiencen a sumar las restantes reparticiones públicas, al llamado a sus trabajadoras y trabajadores, a retomar sus labores en las oficinas el lunes 20 de abril, pasando a llevar incluso el estado de cuarentena total y obligatoria en que se encuentra la comuna desde el jueves 2 y hasta el 23 de abril.
Desde que entró en vigencia el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, la Crisis Sanitaria sigue profundizando sus múltiples impactos en nuestro país, principalmente porque ha dejado al descubierto las grandes brechas sociales que tenemos.
Por otro lado, las medidas adoptadas por el gobierno, como la recién descrita, siguen evidenciando que su única prioridad, es el resguardo de los intereses económicos, por sobre la protección de la salud y la vida de los/as chilenos/as.
En Punta Arenas donde la comuna está en cuarentena total y obligatoria, los edificios públicos no han sido sanitizados, no hay garantías de que los trabajadores que retomen sus funciones el lunes tengan los implementos necesarios para protegerse, tales como guantes mascarillas, alcohol gel.
Asimismo, no hay un sistema de transporte que esté operando con la cantidad y fluidez que se necesita para tener un gran número de personas circulando en las calles; creemos que reabrir la atención presencial en estas circunstancias, es de una irresponsabilidad criminal injustificable.
Estamos ad portas de iniciar el período invernal, con las consecuencias que eso significa para la red de salud regional con el incremento de enfermedades respiratorias, incrementando además el riesgo de contagio y letalidad por COVID-19.
34 nuevos contagios se informaron el día de hoy, lo que eleva la cifra regional a 501 casos de Covid-19, de los cuales 470 pertenecen a la comuna de Punta Arenas. Cifras que nos mantienen como la región con la tasa más alta de contagios. Son muchos los/as trabajadores/as del Estado que están hoy cumpliendo funciones presenciales a lo largo de la región.
En primer lugar, los funcionarios de la red Pública de Salud centralizada y municipal, así como de los demás organismos clínicos estatales y privados, que se encuentran en primera línea sustentando el derecho a la vida de miles de chilenos que siguen estando expuestos al contagio de COVID-19 por la postergación de las medidas sanitarias.
Asimismo, están nuestros compañeros/as en las fronteras, en los aeropuertos, puertos, en los centros penales, en las tareas de salud pública, en la protección de la infancia, y tantos otros en puestos estratégicos del Estado que, pese a la lentitud con que se adoptan las medidas de protección personal y seguridad laboral, siguen cumpliendo sus labores porque su compromiso es con la ciudadanía, más allá del gobierno de turno.
Otra parte de nuestros compañeros han adoptado modalidades de trabajo remoto temporal, sin que se provea para todos ellos, las condiciones ni elementos para desarrollarlo de manera adecuada.
Asumiendo, pese a las condiciones desfavorables, y de las restricciones presupuestarias, un compromiso con el resguardo de los derechos de todos/as, particularmente de los sectores que nuestra sociedad ha condenado a la exclusión, la pobreza o la vulnerabilidad, los adultos mayores, la población rural e indígena, así como las posibilidades de las pequeñas empresas de sobrevivir.
Queremos decir con claridad, que hoy nuestro compromiso está puesto, en contribuir a garantizar que el Estado llegue a la comunidad que requiere, hoy más que nunca, la presencia de políticas públicas y de acciones concretas para enfrentar los efectos sanitarios, económicos y sociales que la pandemia provoca.
Es urgente tomar las medidas necesarias y realizar las inversiones requeridas para que las funciones críticas del Estado, puedan realizarse en formatos presenciales o remotos, con la eficiencia y oportunidad que hoy entendemos perfectamente se requiere.
Y en cada función crítica presencial que se implemente, se deben tomar las medidas para que los funcionarios/as cuenten con las condiciones de seguridad y protección a fin de no exponerlos a riesgos de contagio, e implementar mecanismos de relevo y rotación de esas tareas.
Vemos hoy, las problemáticas que se denuncian diariamente y aglomeraciones en la AFC, COMPIN, instituciones asistenciales (hospitales) y otros servicios que se encuentran operativos, el gobierno no ha garantizado el distanciamiento social necesario en los servicios públicos que pretende “normalizar”.
Por eso insistimos en que llamar a retomar la “normalidad” en contexto de pandemia, pero sobre todo llamar a los funcionarios a hacer caso omiso a la cuarentena total y obligatoria vigente hasta el 23 de abril en la comuna de Punta Arenas, es una irresponsabilidad criminal.
Hacemos un llamado a nuestras Asociaciones afiliadas, dirigentes/as y a los/as trabajadores/as cumpliendo el rol que le debemos al pueblo de Chile. Y a fortalecer la unidad de nuestras organizaciones para sostener la Función Pública, para defender los derechos ciudadanos y cuidar la salud y la integridad de todas y todos. Pero al mismo tiempo, a resistir las presiones y rechazar la pretensión de usar a los servicios públicos como excusa para avanzar en una falsa “normalización” que sólo puede implicar profundizar el riesgo de extensión del contagio, y transformarse en un sombrío trueque entre vidas y economía, entre priorizar la salud o el empleo.
1 lecturas
