Las organizaciones medioambientales Greenpeace, FIMA y AIDA, en apoyo a la comunidad Kawésqar, llevan adelante diferentes procesos judiciales y administrativos en la actualidad para detener operaciones irregulares por parte de la industria salmonera. 

Melissa Jure / Greenpeace Chile

Esta semana el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de la salmonera Nova Austral y de todos aquellos que resulten responsables por su participación en los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, previsto y sancionado en el artículo 470 n°8 del Código Penal, en relación con el artículo 467 del mismo cuerpo legal. El organismo fiscal cuantificó el perjuicio por las acciones fraudulentas de la salmonera de capitales noruegos en unos $60 mil millones. 

El recurso judicial del organismo fiscal va dirigido contra Arturo Schofield Muga, Drago Covacich McKay, Nicos Nicolaides Bussiemius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio y en contra de todos quienes resulten responsables por su participación en los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones.

Para la organización ambientalista que ha estado trabajando en la zona para detener a las salmoneras, el problema de fondo es que resulta un sinsentido que el Estado bonifique a una industria que genera daños y perjuicios sobre el territorio, con recursos de todas las chilenas y chilenos que podrían ser destinados, por ejemplo, a la construcción de hospitales.

“Hay un doble problema, por un lado, la entrega de bienes comunes como el mar a este tipo de empresas y por otra, el incentivo estatal al desarrollo de actividades perjudiciales”, detallan.

Querella contra Nova Austral

En la querella el Consejo de Defensa del Estado señala que Nova Austral, al menos desde el año 2016, ha percibido el beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante, no haber ceñido su actividad económica a los márgenes que la legislación exige para el otorgamiento de dicha bonificación al no haber dado cumplimiento a la obligación de efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región, preservando la naturaleza y el medioambiente.

En relación con este punto, durante el desarrollo de su proceso productivo, entre los años 2016 a 2019, Nova Austral proporcionó información falsa a Sernapesca en relación con la mortandad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva que ha redundado en un impacto negativo al medio ambiente, procurado ocultarlo a través de la adulteración del lecho marino.

Junto a lo anterior, ha percibido bonificación por volúmenes de venta superiores a los que lícitamente pudo haber generado, producto de que Nova Austral ha adulterado su volumen de producción, sea con un subreporte de siembra o un sobrereporte de cosecha contabilizando especímenes que no correspondía dentro del volumen de venta y que comprenden peces que no procedía fueran bonificados. 

“Nos parece clave este paso que ha dado el Consejo de Defensa del estado al querellarse contra una empresa como Nova Austral que efectivamente atenta contra el país, ya que sistemáticamente realiza acciones fraudulentas afectando el medioambiente y comunidades. Existen 12 centros de la empresa en la zona que han reportado falta de oxígeno, lo que es muy dañino para el ecosistema”.

“En este caso la gravedad está en que lo hacen dentro de un Parque Nacional de la Patagonia y con daño directo y malintencionado por alterar los fondos marinos de estos lugares protegidos con tal de buscar beneficios productivos. Además, Nova Austral insiste en mover sus operaciones a otra zona protegida al sur del Estrecho de Magallanes para seguir gozando de beneficios tributarios a costa de todos los chilenos y el medio ambiente”.

El centro involucrado en la denuncia, junto a otros 4 de la misma empresa, buscan relocalizarse en el territorio indigena Kawésqar que hoy es parte de la Reserva y Parque Nacional Kawésqar, explicó Estefanía González, Coordinadora de la campaña Océanos de Greenpeace.

Nuevas irregularidades

Esta vez en las irregularidades de Nova Austral existe un elemento nuevo y que tiene que ver con el vertimiento de arena que hizo la empresa en los centros productivos ubicados al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini.

El daño a los recursos hidrobiológicos se verifica a consecuencia directa de la introducción en el agua de toneladas de arena –elemento contaminante físico– que fueron vertidas sobre el fondo del mar del CES Aracena 14, ubicado en el área de Isla Capitán Aracena, entre los meses de marzo y mayo de 2019.

Este daño alteró artificialmente las condiciones de los cuerpos de agua y los recursos hidrobiológicos, degradando el suelo marino, contaminando y generando la consecuente pérdida de biodiversidad del mar, las cuales se señala serán precisadas durante el transcurso de la investigación a través de las diligencias que se solicitan.

Daño ambiental

Ezio Costa, director de la ONG FIMA, que junto a Greenpeace y AIDA llevan acciones legales en la zona, explica que: “Las razones del CDE para querellarse son gravísimas. No sólo por el fraude al fisco, sino porque también levanta antecedentes cruciales sobre el daño ambiental generado en el Parque Nacional Agostini. Nova Austral podría ser sancionada penalmente, pero, además, podría ser demandada por daño ambiental”.

“Este es un antecedente que no se puede dejar de lado cuando se analiza su pretensión de relocalizar parte de sus concesiones en la recientemente declarada Reserva Nacional Kawésqar, cuestión que como hemos dicho, no corresponde legalmente”. 

Leticia Caro, representante de la comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, señaló: “Creemos que este es el momento preciso para que el Servicio de Evaluación Ambiental detenga la Resolución de la Calificación Ambiental sobre las relocalizaciones que pretende Nova Austral”

Esta empresa, agrega, “ha demostrado, primero, que no le importa el daño ambiental al fondo marino y a las especies que habitan en ella, y segundo que no tiene respeto por los territorios, no respeta siquiera que este es un territorio indígena y han defraudado al fisco a través de la falsificación de documentación”.

“Depositamos nuestra confianza en el consejo de defensa del Estado que se ha atrevido y ha demostrado que con los dineros fiscales no se puede jugar, esto sentaría un precedente en la región. Lo mínimo es que devuelvan el dinero y que, no menos importante, se les caduquen las licencias de operación. Para ello estamos trabajando con el apoyo de estas 3 ONGs en diferentes causas”

El recurso judicial del organismo fiscal va dirigido contra Arturo Schofield Muga, Drago Covacich McKay, Nicos Nicolaides Bussiemius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio, y en contra de todos quienes resulten responsables por su participación en los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones.

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