Desde Greenpeace, junto a comunidades locales afectadas por el escape y la ONG FIMA nos hicimos parte en el proceso que desemboca en esta sanción por parte de la Superintendencia. La multa que algunos han calificado como “histórica” representa menos del 10% de las utilidades que la empresa obtuvo durante el año 2019 (Reporte Anual Mowi 2019 (ex Marine Harvest).

La multa no sólo es insuficiente, sino que no contribuye a que estos daños dejen de generarse. Los cargos por los cuales hoy esta empresa es sancionada son de caracter gravísimo de acuerdo con la propia SMA. Hay una probada responsabilidad de la empresa que no cumplió con las obligaciones mínimas establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental, poniendo en riesgo y dañando a la comunidad y ecosistemas.

La mínima sanción para un caso como este, donde las negligencias e incumplimiento han sido deliberados por parte de la empresa, es caducarles el permiso ambiental de funcionamiento (RCA) y esto está dentro de las atribuciones de la SMA y no se entiende por qué sólo aplicar multas económicas que en la práctica no sirven: las empresas las pagan con los beneficios económicos que obtienen burlando la ley y destruyendo el medio ambiente. Los daños que generan no son compensados por montos de dinero.

La sanción indica que la empresa utilizó datos de corrientes del año 2011 para una obra construida en 2017, sin seguir con las recomendaciones de la memoria de cálculo respecto de los fondeos del centro, además de presentar un desgaste de los materiales de unión y las redes a un solo año de haber instalado el centro.

Un nivel de negligencia tal, y que denunciamos desde un comienzo, no puede ser pasado por alto con una multa, sino que, en atención a que una concesión marítima es una porción de mar que nos pertenece a todas y todos, estos actos deben sancionarse con la pérdida del permiso para operar. Acá no sólo se les debe caducar el permiso ambiental, sino también la concesión marítima.

Al continuar poniéndole un precio al daño de los ecosistemas marinos, seguiremos perpetuando el daño ambiental en todas las regiones donde opera esta industria. Muestra de ello es que a pocos kilómetros de donde sucedió este escape masivo, se repitió la misma historia 2 años después, con una situación que tiene en vilo a las comunidades con 2.900 toneladas de salmones muertos en el fondo marino tras el colapso de un centro perteneciente a Blumar.

Hoy día resulta incomprensible estar hablando de multas mientras hemos tenido en los meses de pandemia: nuevos escapes, hundimiento de balsas con químicos, jaulas completas con 4 mil toneladas de salmones en descomposición en el fondo marino, muerte de ballena atrapada en redes, volcamiento de camiones con vísceras de salmón y un sin número de constantes daños. Es momento de decirle basta a la industria y sancionar adecuadamente.

Recordar que, en el Estado de Washington por un escape de 263 mil salmones, se decidió frenar la expansión de la industria y poner término a la totalidad de la industria de las salmonicultura en la zona al 2025. Acá en Chile, por el escape del triple de salmones, ni siquiera se cierra UNO de los más de 1.200 centros aprobados.

La organización FIMA declara que:

El problema de los escapes de salmones, es que, tal como ha relevado la literatura científica, el daño ambiental no necesariamente es constatable de forma inmediata, siendo verificable años después. En este contexto, la presunción de daño ambiental contemplada en la Ley de Pesca, aun siendo deficiente para su objetivo de protección de los océanos, ya que solo exige recuperar el 10% de los peces escapados, establece un mínimo legal. Frente a un escape de casi 1 millón de salmones, Marine Harvest debía hacerse cargo de recuperarlos en un porcentaje muy pequeño y no lo hizo.

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