Ante los hechos ocurridos el día de ayer en la Región de la Araucanía, que finalizaron con la muerte del agricultor Orwal Casanova Cameron y del Inspector de la PDI, Luís Morales Balcázar, conjuntamente con los funcionarios policiales heridos en el operativo realizado en el sector de Temucuicui, el gremio llamo a la comunidad a “proponer de manera transversal caminos para mejorar sustantivamente la situación de delincuencia y crimen organizado que nos aqueja”.

“Creemos necesario separar los temas políticos de interés del pueblo mapuche de la violencia insensata, delincuencia común y crimen organizado de algunos pocos, temas que algunos han tratado de mezclar intencionadamente o ingenuamente”, agregaron.

Los hechos de ayer, afirman, “comprueban que la violencia e impunidad que nos afecta por más de 20 años, han generado un clima propicio para cometer delitos cada vez más graves relacionados con drogas, robo de madera, robo de vehículos y un alto poder de fuego, cuestión que no podemos aceptar bajo nuestra soberanía nacional y Estado democrático”.

Para hacer un cambio importante de la situación, sostienen, “se requiere un reforzamiento urgente de la función policial, que apunte a mejorar la eficacia, tanto en relación a la prevención del delito como a entregar responsables y pruebas en las instancias judiciales”.

Dicho reforzamiento, detallan, debe considerar un aumento de dotación de personal calificado para operaciones complejas, medios físicos y tecnológicos adecuados para realmente tener ventaja o superioridad sobre los delincuentes y, “respaldo político y ciudadano para que las policías operen con propiedad y seguridad”.

“La policía debe tener los medios y el mandato para recuperar el control territorial en áreas donde se ha perdido, y por lo mismo los delitos son más graves y frecuentes”.

En este orden, precisan, “se requiere de una verdadera y transversal determinación de la autoridad política (Gobierno y Parlamento) de recuperar el espacio perdido contra organizaciones delictuales, que por mandato constitucional deben garantizar a la ciudadanía, con leyes modernas contra el crimen organizado, lo que parece un camino obvio y sentido por la ciudadanía”.

El mundo político regional y nacional debe “buscar soluciones y comprometerse a pactar un acuerdo político que efectivamente represente a quienes decidimos dialogar y respetar las leyes, aislando definitivamente a quienes por opción propia decidieron actuar al margen de la ley, tomar las armas y atacar a sus compatriotas”.

Llamado a los tres poderes del Estado

“Hacemos un nuevo llamado a los tres poderes del Estado, para que repongan de manera urgente y eficaz la paz y seguridad en la zona, de manera que se eviten atentados y más muertes”.

Resulta inconcebible, arguyen, que el poder Legislativo “persista en bloquear la promulgación de leyes desde largo tiempo en tramitación, que permitirían contar con mayores herramientas para combatir estos crímenes, comprobadamente ligados a través de toda la evidencia ya existente, al terrorismo, narcotráfico, robo de madera, abigeato y usurpaciones”.

La multigremial afirma que “aquellos diputados y senadores que niegan la posibilidad de modificar e implementar estas urgentes leyes, son cómplices pasivos de estos crímenes que empobrecen la región”.

En este contexto, realizan un llamado también al poder Judicial y al Ministerio Publico, “para que agilicen el avance de los procesos en curso y dicten las resoluciones judiciales necesarias, para la efectiva labor de las policías”.

Finalmente, exigen al Gobierno “que utilice todas las instancias y facultades que le otorga la ley, para erradicar esta atroz y cruel violencia, de manera tal que la zona sea nuevamente un lugar seguro para vivir y trabajar”.

0 lecturas