Ley de entrevista videograbada: jurisdicción Concepción ajusta detalles para entrada en vigencia de nueva normativa

A partir del 3 de junio comenzará a regir en la Región de Biobío la Ley 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a niños, niñas y adolescentes (NNA), víctimas de delitos graves, cuyo objetivo es prevenir la victimización secundaria durante el desarrollo del proceso penal.

El Poder Judicial inició la última etapa del proceso de preparación para la implementación de la ley 21.057 en la zona, con actividades de coordinación interinstitucional (que incluyen además al Ministerio Público, Defensoría, PDI y Carabineros, entre otros) como una reunión que integrantes del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Concepción sostuvieron con el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Sergio Vallejos.

Durante media hora, los jueces del TOP penquista Cristian Gutiérrez y María José Vidal, explicaron a la autoridad política el uso y funcionamiento de una sala que fue inaugurada en el ya lejano septiembre de 2015, en una previsora política del Poder Judicial que ya en esa época abogaba por la necesidad de contar con esos espacios diferenciados para menores de edad, habilitados con cámaras y sonopronter para comunicarse en directo con la sala de audiencias.

“La visita tuvo por finalidad conocer cuál era físicamente la sala especial de declaración de los niños; la sala del tribunal que se conecta con ella; cómo funciona el sistema de juicios en normalidad y en pandemia a través del sistema semipresencial”, afirmó la magistrada María José Vidal, presidenta del comité de jueces del TOP de Concepción.

Sobre la próxima implementación de la ley, que abarca tanto la denuncia, investigación y juzgamiento, buscando el resguardo de la dignidad de los participantes, evitando la revictimización, entregando una tramitación preferente, entre otros principios rectores, la magistrada Vidal detalló que: “Desde el punto de vista de la labor que cumple el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dentro de los objetivos de la ley, en primer lugar valoramos que se haya logrado dictar una ley de esta naturaleza. Creemos que es de una relevancia pocas veces vista. Es una ley que finalmente lo que hace no sólo es colaborar con la investigación de los delitos, sino que –principalmente- proteger a los niños, niñas y adolescentes que puedan haber sido víctimas o testigos de delitos”.

Agregó que: “(…) creemos que es un tremendo avance para el Poder Judicial y como tribunal estamos ansiosos que esta ley empiece a funcionar en nuestra región y dispuestos para que eso sea de la mejor manera posible en la función que a nosotros nos corresponde

Mayor red nacional

En la actualidad 10 jueces en la región ya cuentan con el Curso Inicial de Formación Especializada (CIFE), esperándose que dentro de las próximas semanas se preparen otros cuatro magistrados en esta temática.

En cuanto a las instalaciones, ya existen 18 salas habilitadas en los tribunales de las tres provincias del Biobío, siendo la mayor red de salas de las dos etapas de implementación de la ley. Se trata de espacios habilitados especialmente para estas entrevistas en los juicios, en un contexto protegido y en la que solo estarán presentes el entrevistador y el entrevistado, considerando a menores de 18 años, que hayan sido víctimas o testigos de delitos sexuales, violentos, robos, secuestro y sustracción de nna, trata y tráfico de personas.

La implementación gradual de este cuerpo legal se inició en octubre de 2019 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Aysén y Magallanes. En la segunda etapa corresponde a las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.

https://youtu.be/-H-V5sGPcvY