El gremio llamó a reponer la Resolución 105 del Minvu, indicando que la seguridad pública “es una prerrogativa central y exclusiva del Poder Ejecutivo”, ante críticas del ministro Montes, precisando que la demora en la entrega de las viviendas radica en el propio Estado, a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo y las direcciones de Obras Municipales

La Cámara Chilena de la Construcción – Concepción sostiene que la responsabilidad respecto a la toma de viviendas sociales en San Pedro de la Paz no le corresponde.

Estas declaraciones surgen tras los graves hechos acaecidos en la comuna penquista, respondiendo a declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, en relación con que “las empresas deben resguardar mejor las obras y acelerar el proceso de entrega cuando las viviendas estén listas”.

Desde la asociación gremial sostienen valorar la decisión de la Delegación Regional Presidencial del Biobío y del Ministerio del Interior “que con auxilio de Carabineros de Chile logró el desalojo de personas que de manera violenta usurparon viviendas que habían sido asignadas a legítimos propietarios luego de cumplir un largo proceso legal y formal”.

La CChC condenó las agresiones al equipo de prensa de TVN Red Biobío que fue atacado durante la expulsión de los ocupantes ilegales: “Esperamos que tanto el Gobierno como esta empresa estatal se querelle y persiga penalmente a estos delincuentes”.

Sobre las declaraciones del ministro de Vivienda, el gremio destaca que “la seguridad pública y el resguardo por el Estado de Derecho es una prerrogativa central y exclusiva del Poder Ejecutivo” y, por ende, “el camino no es que las empresas constructoras deban fortificarse o establecer sistemas de protección para evitar el asalto de turbas altamente violentas, a fin de proteger sus obras”.

Respecto a la demora en la entrega de las viviendas a sus propietarios, sostienen que el problema radica en el propio Estado, “a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo y las direcciones de Obras Municipales”.

En este contexto, el gremio propone que las obras de vivienda social tengan prioridad en la tramitación de entrega y que apenas cuenten con los servicios básicos, sean entregadas a sus propietarios y desde ahí concluir el proceso de recepción final.

Por último, la Cámara Chilena de la Construcción, solicitó al Gobierno reponer la Resolución 105 del Minvu, que a quienes incurrían en este tipo de conductas se les inhabilitaba para postular a otro beneficio estatal de vivienda.

La Resolución 105 fue derogada el año 2015, explicaron, concluyendo que hoy este requisito legal “muestra singular urgencia para desincentivar a quienes buscan saltarse la fila y burlar el sistema por la vía de negociaciones por la fuerza”.

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